Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Santa Cruz acaba de celebrar los 214 años de su revolución libertaria, en uno de los momentos más adversos y desafiantes de su historia contemporánea.
El departamento aporta con el 31,5% del PIB nacional, el 33% de las exportaciones totales y el 77% de las No Tradicionales, sin embargo, recibe solo el 3,18% del presupuesto estatal.
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Cada vez los recursos son más escasos para atender a una población de 4 millones de personas, especialmente cuando el gobierno, tras un censo cuestionado, decidió eliminar de las estadísticas a 884.000 cruceños, disminuyendo los recursos destinados a salud, educación, vivienda y servicios, lo que se suma al grave desorden e inseguridad que afecta a la capital, precisamente por la insuficiencia presupuestaria y la corrupción.
Pese a que hoy el sector agropecuario cruceño aporta con el 88% de las exportaciones del rubro; que genera el 72% de la siembra agrícola del país; que cría al 45% del hato ganadero; que provee el 54% de la leche, y el 52% de la carne, se enfrenta a los más graves problemas de las últimas décadas.
Este año, los incendios arrasaron 2.9 millones de hectáreas de selvas y bosques, y en los últimos cuatro, sumaron 13,4 millones; la sequía afectó a más de 800.000 toneladas de la producción de soya; mientras que la siembra de sorgo, maíz, trigo, girasol y chía han caído en 35%, en uno de los peores años en las últimas décadas.
Pese a los acuerdos y las mesas de trabajo, el gobierno continúa su negativa obstinada a aprobar el uso de eventos transgénicos que permitirían un incremento de hasta 30% en el rendimiento agrícola.
Si a esto añadimos la escasez de dólares que ha elevado el costo de semillas, insumos, repuestos y maquinaria, y el calamitoso estado de las carreteras por donde debe transitar las exportaciones que sustentan al país, la situación para el agro está seriamente amenazado.
El ámbito político es otro factor de retraso. Desde principios del siglo XXI, pero con más fuerza en los últimos 8 años, Santa Cruz es el epicentro de las tensiones crecientes entre el modelo centralista de Estado y la demanda de mayor autonomía. Su rol fue fundamental en el referéndum del 21F, la movilización de 2019 y, en 2023 para asegurar la realización del censo. En retaliación, el departamento se convirtió en el eje de los conflictos generados por los movimientos interculturales, el más afectado por los avasallamientos y el que más padece los bloqueos de carreteras.
Sin embargo, el problema no es solo atribuible al poder central. Los nuevos liderazgos cruceños no han renovado su narrativa, y siguen repitiendo el discurso, las formas y el lenguaje de quienes los antecedieron, convirtiéndose en ecos de un pasado que ya no tiene el mismo efecto ni el mismo atractivo para la gente.
Sobre todo, Santa Cruz carece de liderazgos nacionales. No hay cruceños dirigiendo ningún órgano del Estado ni institución nacional alguna; apenas 2 de 17 ministros nacieron en Santa Cruz; no tenemos presencia en el gabinete económico; de 58 viceministros, los cruceños son 4. La representación cruceña en la Asamblea Legislativa obedece a los partidos antes que, al departamento, y no es relevante si tenemos más o menos parlamentarios porque estos no tienen capacidad ni voluntad para priorizar la agenda de la región sobre la de sus partidos.
Nuestros profesionales no buscan el control de los colegios nacionales, nuestros parlamentarios no intentan presidir las directivas Camarales; nuestros líderes sociales y sindicales no tienen ninguna presencia en las dirigencias del país, y la conducción de sectores empresariales nacionales por cruceños es mínima.
Aunque ha sido notable la articulación y el posicionamiento de la narrativa regional frente al avasallamiento del poder central, ésta solo ha tenido efecto local; el liderazgo se ha debilitado y; la debacle de la economía está teniendo secuelas más perniciosas en la región.
La gravedad de la crisis, tiene que ver fundamentalmente con la conjunción de los problemas económicos, políticos, sociales y ambientales y, frente a eso ya no podemos mantenernos en la queja y el ostracismo. Es necesario repensar el porvenir de manera más pragmática que quimérica y más estratégica que reactiva. El futuro nos desafía a transformar nuestro desarrollo, inclusión y unidad, en valores nacionales a partir de una vocación de poder que trascienda lo departamental y se proyecte a todo el país.
Precisamos una decisión que se transforme en acción; que sea dirigida con lucidez, que sea consistente y sobre todo, que tenga una fuerte vocación de poder.
Es necesario construir una narrativa que integre, represente y persuada al país. Eso no se logra desde un gabinete ni escuchándonos entre nosotros. Es un proceso serio de resistencia, de voluntad, de ensayo error y sobre todo de articulación. Es posible, es necesario y es urgente.