Advierten que en Bolivia se ataca y encarcela a integrantes de marchas consideradas opositoras, y se fomenta y encubre a quienes son parte de movilizaciones violentas afines al gobierno.
La Paz, 25 de septiembre de 2024 (ANF).- Activistas de Derechos Humanos cuestionaron el uso político que se hace de la justicia en el país, donde se ataca y encarcela a integrantes de marchas consideradas opositoras, y se fomenta y encubre a quienes son parte de movilizaciones violentas afines al gobierno.
Los activistas recordaron que hace más de dos años, en una movilización convocada por los médicos, tres jóvenes que portaban petardos, cascos y escudos, fueron detenidos y condenados por tenencia, porte y portación de armas, tras someterse a un proceso abreviado. Uno de ellos, Mauricio Bruzzone, aún sigue preso, debido a que se le abrió otro proceso penal por supuesto terrorismo por los hechos de 2019 y la fiscalía pide 30 años de cárcel.
“En el caso de los tres jóvenes detenidos en similar situación, el 21 de julio de 2022, por portar petardos, escudos y cascos, la postura del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo ha sido condenarlos, pero por lo que sucedió el lunes, que portaban petardos, dinamita, cascos y escudos, no ha dicho nada, esto demuestra que los Derechos Humanos en Bolivia son respetados dependiendo del grupo que se moviliza”, dijo a ANF la vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
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En julio de 2022, de los ocho detenidos, entre ellos tres aprehendidos y cinco liberados al tratarse de militares infiltrados, el ministro de Gobierno dijo que “pertenecerían al grupo parapolicial y delincuencial llamado Resistencia Civil La Paz” y “grupos de esta calaña deben ser desarticulados por el bien de la democracia”.
La activista indicó que lo ocurrido el lunes ha sido una muestra clara de lo permisible que puede ser el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno en relación con la actuación de sus afines.
“Estamos en un alto nivel de vulnerabilidad, porque si se diera una marcha de otro sector con las mismas connotaciones de ayer (día de la llegada a La Paz de la marcha comandada por Evo Morales), seguramente la Fiscalía tendría varios aprehendidos”, indicó.
El lunes, militantes del MAS del ala arcista provistos de petardos, dinamita, cascos y escudos, a vista de los policías, se colocaron en apronte en alrededores de la plaza Murillo para “defender” al gobierno de Luis Arce ante el posible intento de la marcha de Evo Morales de ingresar al kilómetro cero.
Horas después, se registraron enfrentamientos entre evistas y arcistas, con destrozos a la propiedad pública y con un saldo de heridos graves entre integrantes de ambos bandos y personas particulares. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instruyó a la Policía que abra de oficio una investigación por los hechos de violencia y destrozos en la “marcha evista”.
El abogado Jorge Valda recordó que por la misma “portación ilícita” detuvieron a los jóvenes de la juventud Yungueña y a su presidente, Raúl Uría, por supuestamente portar un saquillo de dinamita para las movilizaciones de Adepcoca, “cuando nunca encontraron ni el saquillo ni la dinamita, pero mantuvieron recluido a Uría por más de dos años”
Pero las personas que están supuestamente defendiendo al gobierno o son parte de la línea del Movimiento Al Socialismo, que está gobernando, indicó, “tienen total y absoluta impunidad”.
“Esta es la realidad de nuestro sistema judicial, es por eso que tenemos más de 300 presos políticos al presente y es por eso que se los está tratando como si fueran los peores criminales, como si fueran terroristas o como si fueran genocidas o como si fueran traficantes de armas, solamente por haber marchado o por haber defendido lo que es correcto y lo que es justo en su forma de pensar”, remarcó.
Especialistas y activistas de derechos humanos advierten en el reportaje “El MAS utiliza métodos dictatoriales para castigar a opositores políticos” que Bolivia transita por la senda del autoritarismo que, mediante la cooptación de instituciones, en particular el Órgano Judicial, somete con impunidad a los que considera opositores mediante prácticas de un “Estado policiaco”.
Al menos siete informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, Relatorías, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), GIEI Bolivia establecen que en el país existe “un patrón de persecución política” por la instrumentalización de la justicia por parte de los gobiernos de turno.
Lo ocurrido el lunes, remarcó Herrera, “es una situación que muestra claramente que la actuación desde instancias del gobierno es totalmente funcional a intereses políticos partidarios, eso está clarísimo, porque efectivamente el lunes ha habido momentos de mucha violencia, ha habido destrozos, sin embargo, la Fiscalía no ha tenido ninguna actuación hasta el momento (contra sus afines), esto lo único que está demostrando es que estamos perdiendo el Estado de derecho, ya que se actúa de una manera con unos y de otra con otros”.
Este comportamiento, señaló la activista, claramente está demostrando que en Bolivia el debido proceso, la igualdad ante la ley, no es un principio aplicado por instancias del gobierno, principalmente el Ministerio de Gobierno a través de las Fiscalías, “que en algunos casos actúan de manera muy inmediata y hasta fuera de la ley, fuera de horarios, haciendo lo que quieren con un sector de la sociedad, mientras que ayer un poco más y han protegido y cobijado toda la bravuconada que se ha generado”.