La comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa terminó con la resolución de las impugnaciones y prevé que en los próximos días de publique la lista de habilitados.
Fuente: ANF
Ante la falta de transparencia, independencia y porque la norma no está sujeta a estándares internacionales, la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia OCD Bolivia determinó no acompañar con veeduría la preselección y designación del Fiscal General del Estado que lleva a cabo la comisión mixta de Justicia Plural, para no avalar las anomalías que se registran en ese proceso.
“En realidad, creemos que la norma, es decir, la Ley 1579 no está sujeta a estándares internacionales y sigue vulnerando derechos, sigue vulnerando principios como el de transparencia e independencia. Vemos que la normativa de estos procesos de selección de altos cargos va en contra de la independencia y atenta contra la elección de autoridades probas e idóneas, partiendo de ahí creemos que estas normativas son un principal obstáculo para elegir a personas idóneas”, afirmó a la ANF la responsable de la OCD, Sandra Verduguez.
El 4 de septiembre comenzó el proceso con el registro de los postulantes y concluyó 14 días después, se registró un total de 76 postulantes y 39 de ellos pasaron la etapa de revisión de requisitos. La comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa terminó con la resolución de las impugnaciones y prevé que en los próximos días de publique la lista de habilitados.
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Observaciones
Verduguez explicó al menos cuatro observaciones del proceso de elección de la nueva autoridad, el primero fue que los informes de las veedurías nacionales no tienen el mismo valor o tratamiento que los reportes de los veedores internacionales.
Dijo que en la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, la OCD entregó un documento final a las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución, pero no fueron tomadas en cuenta y no se conoce si fueron presentadas al pleno del Legislativo.
“Además, le dan un valor mucho menor a la veeduría nacional con relación a la internacional, en el proceso de preselección de magistrados judiciales habíamos entregado un informe y, de acuerdo a lo que dice la misma normativa, debería de haber sido leído ante la misma comisión y en la Asamblea antes de la votación”, expresó.
Una segunda observación es la eliminación del tiempo de no militancia partidaria de los postulantes, recordó que en el proceso de 2017 el reglamento establecía que los candidatos no debían ser militantes cinco años antes de su postulación, consideró que ese elemento vulnera el principio de independencia.
“En esta normativa se ha eliminado el tiempo de no militancia, en la anterior normativa indicaba que los postulantes no debían tener militancia política al menos cinco años de su postulación. Entonces esto también atenta contra la independencia de los candidatos y también llama la atención el certificado que entrega el Órgano Electoral porque aparentemente no se considera el historial de militancia de las personas que solicitan este certificado”, puntualizó.
La tercera observación que hizo Verduguez es que la comisión no cuenta con un equipo asesor externo que pueda guiar a los integrantes de la comisión legislativa, desde su punto de vista, ese elemento puede contribuir a que los parlamentarios actúen de forma transparente y no beneficien a los candidatos. Dijo que en las trasmisiones de Facebook se evidenció actitudes que no están en el marco de la transparencia.
A la vez, cuestionó la falta de transparencia, el acceso a la información de las hojas de vida de los postulantes, dijo que estos documentos fueron publicados en el portal de la Asamblea Legislativa luego de la revisión de los requisitos y no antes, tal como establece la Ley y el reglamento de selección.
Con relación a la evaluación, advirtió que otorgar una mayor puntuación a la documentación de los postulantes y una baja ponderación al examen oral, no garantizará que los aspirantes estén preparados para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. Consideró que la inclusión de la entrevista hubiera permitido conocer si son profesionales idóneos para ejercer esas funciones.
“Es posible que a partir del plan de trabajo se tome en cuenta la probidad de los postulantes, pero debemos resaltar que la puntuación del plan de trabajo es mínima y se le da mayor puntaje a la revisión documental de los certificados y todo eso. En realidad, la documentación de un candidato no garantiza que ese candidato tenga la capacidad e idoneidad para resolver casos”, precisó.
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