Parlamentarias de Creemos y de CC denunciaron ante organismos de la comunidad internacional la inacción y complicidad del gobierno boliviano en el desastre medioambiental consecuencia de las quemas ilegales en la Amazonia y Chiquitanía bolivianas.
Fuente: Prensa Creemos
En una carta remitida a Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Unión Europea (UE), Organización de Naciones Unidas Bolivia (ONU BOL), Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OACNUDH) y Human Right Watch (HRW), la senadora Centa Rek y la diputada Centa Rek; además del diputado de CC, Marcelo Pedraza, soslayadamente se niega a reconocer la gravedad de los incendios, “rehusándose a decretar desastre nacional, mientras tanto, más zonas boscosas se pierden a causa de los incendios forestales promovidos por las deficientes políticas ambientales”.
Los tres legisladores añaden en su misiva que la contaminación ambiental es la consecuencia primaria que afecta la salud e integridad de la población, en especial los sectores en riesgo como mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, situación que no es tomada en cuenta por el gobierno boliviano.
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Al respecto, la senadora Rek, quien hace unos días volvió a pedir al presidente Luis Arce que declare a Bolivia en situación de desastre por los incendios en el oriente del país, consideró que Bolivia es víctima de un ecocidio que compromete los derechos de las generaciones presentes y futuras, de los pueblos indígenas a quienes se les está destruyendo su hábitat
“Las constantes denuncias de comunidades indígenas en áreas protegidas de Bolivia, particularmente Beni y Santa Cruz, resaltan la intención del gobierno boliviano de sabotear sus derechos y territorios.
Se ha podido evidenciar que, en sus áreas, especialmente en tierras protegidas, se han registrado incendios que afectan gravemente sus recursos y modos de vida. Estos incendios, que las comunidades atribuyen a prácticas irresponsables, ponen en peligro tanto el medio ambiente como su cultura”, indica la carta al respecto.
“La urgencia para que el gobierno declarare a Bolivia en desastre medioambiental se demuestra por los daños provocados y la continuidad y posibilidad de repetición de estos eventos propiciados por políticas públicas ambientales deficientes; lo que agrava los niveles de indefensión en la que se encuentran las poblaciones indígenas ante la desatención y desprotección real de sus derechos por parte de las autoridades”, resaltó Rek.
“Como parlamentarios nacionales, constantemente denunciamos que varias hectáreas del área protegida y reserva forestal Bajo Paraguá han sido avasalladas y que los avasalladores, en su afán de desmontar, han provocado incendios que afectan al municipio cruceño de San Ignacio de Velasco y a la Chiquitania. Son entre 2.500 a 3.500 las hectáreas afectadas y que han provocado la mayor cantidad de incendios que existen en Santa Cruz – Bolivia, sobre todo en el municipio de San Ignacio de Velasco donde se encuentra el área protegida Bajo Paraguá.
Pero esto nace no por tema natural, sino porque hay gente asentada que evidentemente está quemando para seguir ampliando el terreno y poder seguir asentándose dentro de la zona, situación que acontece bajo la protección del Gobierno boliviano y sus instituciones ya que al tener pleno conocimiento de la situación no realiza ninguna gestión para detener estos avasallamientos y posteriormente los incendios provocados”, resalta una de las partes salientes de la misiva de denuncia internacional.
En ese marco, los legisladores de oposición piden que los diferentes organismos internacionales conocedores de esta denuncia exijan al Estado boliviano la implementación inmediata de iniciativas que busquen salvaguardar, proteger y restaurar los ecosistemas presentes en todas las áreas protegidas del territorio boliviano y que se ven afectadas por avasallamientos ilegales e incendios forestales ilegales, bajo el entendido de que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido como un derecho humano fundamental por varias instancias internacionales.
“En este sentido, la protección efectiva del medio ambiente y de las áreas protegidas no solo es una obligación de conservación ambiental, sino también una medida para garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas que dependen del ambiente sano para su bienestar y salud”, finaliza la carta.
