Lic. Rubén Suárez
Uruguay se encuentra ante un plebiscito que se celebrará junto con las elecciones nacionales, donde el foco principal será una propuesta de reforma de la seguridad social. En este contexto, el plebiscito emerge como una respuesta a lo que varios sectores sociales perciben como una ofensiva del capital contra el trabajo, en la búsqueda de nuevas formas de acumulación. Estos sectores consideran que el actual sistema de seguridad social, en particular el régimen jubilatorio, debe ser reformado para garantizar derechos fundamentales y proteger a los trabajadores más vulnerables, quienes enfrentan grandes dificultades ante las modificaciones del sistema.
El movimiento popular, encabezado por la central obrera PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y sectores del Frente Amplio, impulsa una reforma constitucional que tiene como eje central la preservación de principios clave en el sistema de seguridad social: universalidad, solidaridad, intergeneracionalidad, participación social obligatoria, y suficiencia de prestaciones. La idea es fijar límites constitucionales al sistema para asegurar que las futuras reformas no perjudiquen los derechos sociales fundamentales, utilizando el mecanismo de democracia directa para promover estas modificaciones.
Contexto de la reforma
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El contexto de esta iniciativa está relacionado con la Ley 20.130 de 2023, que introdujo cambios estructurales en el sistema de seguridad social. Entre las modificaciones más polémicas se encuentra el aumento de la edad mínima jubilatoria de 60 a 65 años, una medida que ha sido vista por muchos sectores como injusta, especialmente en un país donde las estadísticas de empleo muestran que es extremadamente difícil para las personas mayores de 60 años acceder o permanecer en el mercado laboral.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de empleo entre personas de 40 a 60 años es del 80.5%, pero esta cifra cae abruptamente al 19% para personas de 61 años o más. Esta situación fue reconocida anteriormente en la Ley 18.395, que creó un subsidio especial para personas mayores de 58 años que queden desempleadas de manera forzosa, algo que se interpreta como una pre-jubilación. Esta ley evidencia que ya desde hace años se reconocen las dificultades que enfrentan los trabajadores mayores para reinsertarse en el mercado laboral, lo que ha generado un fuerte rechazo hacia el aumento de la edad de retiro.
Propuestas claves del plebiscito
El plebiscito propuesto busca revertir varios aspectos de la Ley 20.130 y realizar cambios profundos en el sistema previsional uruguayo. Entre las medidas más destacadas están:
- Reducción de la edad mínima jubilatoria a 60 años: Esto se considera un paso necesario para evitar los perjuicios que causa el aumento de la edad de retiro, especialmente para los trabajadores mayores que tienen dificultades para mantenerse en sus empleos.
- Eliminación de las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional): La reforma busca eliminar el sistema de capitalización individual que fue introducido en 1995 por la Ley 16.713. Este sistema ha sido criticado por no cumplir con las expectativas de rentabilidad prometidas y por imponer altos costos de transición. Además, se considera que ha generado prestaciones insuficientes y ha profundizado la desigualdad entre los trabajadores.
- Equiparación de jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional: Actualmente, muchos jubilados y pensionistas en Uruguay perciben ingresos por debajo del salario mínimo, lo que coloca a una gran parte de la población pasiva en una situación de precariedad. La reforma plantea elevar las jubilaciones mínimas para garantizar un estándar de vida digno, combatiendo así la pobreza en este sector.
- Reforma estructural del sistema de seguridad social: La propuesta apunta a fortalecer el pilar solidario del sistema y reducir la dependencia del ahorro individual obligatorio, que ha demostrado ser ineficaz en muchos casos. Se busca un sistema más inclusivo, que garantice prestaciones suficientes a todos los trabajadores sin depender de la capitalización individual y la rentabilidad de los fondos de pensiones privados.
El impacto en los trabajadores
Uno de los argumentos más fuertes de los promotores de la reforma es que el actual sistema jubilatorio castiga desproporcionadamente a los trabajadores más vulnerables, especialmente aquellos que pierden sus empleos antes de alcanzar la nueva edad de retiro de 65 años. Se ha calculado que los trabajadores que no logran mantenerse empleados hasta los 65 años perderían aproximadamente cinco años de ingresos, lo que representa una merma significativa en su calidad de vida. Además, se estima que alrededor del 50% de los trabajadores mayores de 60 años no consiguen empleo, lo que agrava el problema.
La lucha por la democracia directa
El plebiscito también ha puesto sobre la mesa la cuestión de la democracia directa en Uruguay. En momentos en que los movimientos sociales sienten que el sistema político no responde adecuadamente a las demandas de la ciudadanía, la Constitución actúa como una barrera protectora, exigiendo que cualquier cambio estructural en derechos fundamentales, como la seguridad social, tenga el respaldo ciudadano a través de un plebiscito. Este mecanismo de democracia directa permite que las organizaciones sociales promuevan cambios constitucionales cuando consideran que los intereses de la población no están siendo defendidos por el gobierno de turno.
Conclusión
El plebiscito sobre la seguridad social en Uruguay representa un momento crucial en la historia del país, donde los sectores sociales buscan garantizar que el derecho a una jubilación digna esté protegido por la Constitución. La propuesta de reforma intenta revertir cambios que, según los críticos, perjudican a los trabajadores más vulnerables, y reconfigurar el sistema previsional para que sea más solidario y equitativo. Este plebiscito no solo es una lucha por la preservación de los derechos sociales, sino también una reafirmación del poder de la ciudadanía para influir directamente en las decisiones políticas que afectan sus vidas.