Mgr. Fernando Berríos
Politólogo
Esta escrito que los valores humanos son como el ADN de nuestra ética y moral, una especie de código compartido por culturas de todo el mundo que nos dice lo que es bueno y correcto. Son la brújula que nos permite convivir de manera justa y armoniosa con quienes nos rodean.
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Los valores humanos son pautas que orientan el comportamiento y las actitudes de las personas respecto a lo que se considera correcto e incorrecto. Estos valores no solo son importantes a nivel individual, sino que también forman la base de una sociedad justa, solidaria y ética. Son una guía de comportamiento. Sirven como principios que orientan las acciones y decisiones de la vida cotidiana y ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Construyen identidad. Forman parte de la identidad personal reflejan las creencias, los principios y las aspiraciones más profundas de las personas.
Hace exactamente un año, en este mismo espacio yo me refería a que el presidente Arce había ordenado cerrar el paso a “una doble moral” al interior del MAS al promulgar la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación; por aquella época había tres asambleístas del MAS denunciados, dos por violencia intrafamiliar y uno por violencia económica, lo peor era que las mujeres del propio partido no habían abierto la boca para condenar los actos de sus colegas.
El ahora exministro de Justicia decía aquella vez, que “se ha planteado, un mandato que nos obliga a todos quienes estemos en el sector justicia: cero tolerancias al narcotráfico, a la corrupción y a la violencia”. Afirmaba que era como dispararse en el pie y seguir bailando. El pasado miércoles, el prestigioso analista Carlos Toranzo, en su artículo “Decadencia moral del MAS” sostenía que “la decadencia moral es de todo el MAS, de la fracción evista y de la manejada por Arce Catacora; entre ambos han borrado la ética y han archivado los valores”.
Fiel a las tradiciones, octubre no deja de ser el mes más agitado y ha arrancado de manera explosiva para el sistema político, el expresidente Evo Morales esta en medio de una turbulencia y fuertes vientos soplan en su contra con un mandamiento de aprehensión por la supuesta comisión del delito de estupro y trata y tráfico de personas; este, fiel también a su esencia se puso a buen recaudo en su bastión político y sindical en el trópico de Cochabamba pese a que hay una manifiesta protección del Fiscal General Juan Lanchipa que destituyó a la comisión de fiscales encargados del caso, de la Juez de Sentencia Penal Lilian Moreno Cuellar que frenó la orden de aprehensión con una acción de libertad, sin que Evo haya sido siquiera notificado con la orden de aprehensión y va más allá pidiendo que el caso radique en el Chapare (la víctima es la que tiene que viajar a la casa del aparente agresor para pedir justicia), y protección del propio gobierno que declara en reserva el caso, supuestamente para proteger a la víctima.
El entorno evista y el propio Evo dice que hay abuso de poder, suena ofensivo viniendo de él; declaran desde que no hay denunciante, como si ello eliminaría el delito; que no se han respetado los derechos del dirigente ni tampoco se ha respetado el debido proceso, debe ser el único ciudadano el Bolivia que merece aquello; hasta que es una persecución política, seguro es una nueva clasificación donde los delitos de orden penal, son ahora políticos, la desfachatez no tiene límites. Ya se olvidaron de tantas víctimas de persecución política y a quienes nunca se les respetaron ni sus derechos humanos ni sus derechos procesales, y a quienes se les ha negado sistemáticamente las acciones de libertad que han solicitado.
Cuando el exministro de Justicia, Iván Lima, anunció en su discurso de despedida, tras su renuncia, que se dedicará a procesar a quienes considera responsables de hacer daño al país, parecía más una bravata que una advertencia, lo que manifestó termino siendo una profecía, adelantó que, ahora fuera del cargo, iría a actuar legalmente contra personas que, según él, «destruyeron la inocencia de niñas y familias» y «le robaron al pueblo boliviano y al pueblo venezolano».
La demanda penal por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas que data desde 2019 y el mandamiento de aprehensión en su contra han puesto en jaque a Evo, y aunque la acción de libertad presentada en un juzgado de Santa Cruz –pese a que el caso radica en Tarija- dejó sin efecto la medida, aun hay otras cinco denuncias que avanzan ‘en tiempo récord’ en su contra.
Este parece ser el peor momento de la escabrosa trayectoria política de Evo. Durante mucho tiempo era un secreto a voces sobre la cercanía del expresidente a menores de edad, nadie le puso el cascabel al gato. Hoy, el valor moral de la sociedad le exige responder a los cargos que le imputan y a contribuir en la búsqueda de la verdad de los hechos, que demuestre de que está hecho y cuáles son sus valores humanos, mientras más lo protejan, mayor será el daño que le harán. Así es imposible que pueda volver a ser presidente.
Un renombrado jurista y entrañable amigo mío, me decía, este es el caso Gabriela Zapata 2, con hijos que aparecen y desaparecen, con madres menores de edad, con testigos que valoran la responsabilidad del padre, que inexplicablemente termina con la víctima en la cárcel, pero eso sí, que le costó a Evo una derrota en las urnas el 21F.
Puesto así, suena espeluznante, victimizar a una familia para deshacerse de su principal opositor político, la piedra en su zapato, de quien lo había propuesto y apuntalado electoralmente para ostentar el cargo que hoy ocupa. El daño está hecho y las consecuencias para Lucho seguro que serán proporcionales, pero no existe nadie, pero nadie en el mundo que sea intocable.