La Paz, 07 de octubre de 2024. – De acuerdo con una encuesta realizada por la empresa Diagnosis S.R. L., durante el fin de semana, el 71% de los entrevistados aseguró que existe una protección ilegal de la justicia hacia el dirigente cocalero Evo Morales, que es investigado por trata y tráfico de personas, además de estupro.

Asimismo, el 11% de los encuestados a nivel nacional consideró que la anulación de la orden de captura, anulada por una acción de libertad, se debe a los errores de los fiscales de Tarija en el proceso. En tanto, un 18% no respondió.

También, el 64% de la población entrevistada pidió que Morales sea sancionado por el delito que cometió y que vaya a la cárcel, el 14% consideró que se trata de una persecución política y el 22 decidió no responder.

Sin embargo, el 62% de encuestados cree que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, protege a Morales; el 32% no respondió y solo el 5% consideró que Gutiérrez fue destituida por incurrir en negligencias.

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La encuesta se realizó entre el 5 y 6 de octubre a personas de 18 a 65 años de zonas urbanas y rurales de los nueve departamentos. Las encuestas presenciales en hogares y en soporte digital alcanzaron las 1.800 personas.

El pasado 2 de octubre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, develó que Morales era investigado por estupro y trata de personas, además de que se había emitido una orden de aprehensión anulada por la juez Liliam Moreno, como resultado de una acción popular presentada en Santa Cruz por los abogados del expresidente.

Según la Fiscalía, uno de los primeros indicios de irregularidad en este proceso fue que no se cargaron las actividades investigativas en el Ecosistema Justicia Libre, aunque Gutiérrez defendió en todo momento el haber actuado en el marco de la norma y procedimientos.

Gutiérrez y otros dos fiscales que investigaban la denuncia fueron destituidos de su cargo por presuntas “negligencias” en el proceso de investigación.