La Procuraduría General del Estado (PGE) afirmó que la intransigencia de los demandantes Mario Francisco Tadic Astorga y otros impidió un acuerdo e hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derive el caso de lo pasado el 2009 en el Hotel Las Américas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Fuente: ABI
La decisión internacional se tomó el viernes 4 de octubre. El caso tiene que ver con el operativo policial del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, durante el gobierno Evo Morales.
En esa intervención policial perdieron la vida Michael Dwyer, Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa, identificado como el líder del grupo. Salieron con vida Elöd Tóásó y Mario Tadic, quien presentó la denuncia contra el Estado boliviano tras lograr su libertad y abandonar Bolivia.
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“Lamentablemente la intransigencia de los peticionarios y la complejidad de los hechos imposibilitó llegar a un acuerdo durante aproximadamente dos años, habiendo determinado la CIDH, pasar a la etapa contenciosa”, informó la Procuraduría en un Comunicado.
En observancia al procedimiento de casos sometidos a la Corte Interamericana, la PGE aguarda “que el Estado Plurinacional de Bolivia sea notificado oficialmente por dicho Alto Tribunal Internacional, para posteriormente realizar la designación de agentes estatales y ulteriores gestiones procesales, como diligencias probatorias, presentación de alegatos escritos y orales; así como, objeciones y recusaciones conforme a Reglamento”.
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte.
Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó y Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal. Guedes y Mendoza fueron detenidos y procesados como parte del grupo calificado por el gobierno de entonces de terrorista.
La CIDH también subrayó que sus detenciones fueron ilegales y arbitrarias, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.
Al respecto, la Procuraduría aclaró que “hasta que la Corte no haya emitido una Sentencia sobre el Caso, no corresponde señalar la existencia de una responsabilidad internacional del Estado por violación a los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales”.
Rdc/Jfcch/CC