En 2015, América Latina dio un paso histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Tras más de seis años de negociaciones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Fuente: https://ideastextuales.com
Este instrumento, pionero a nivel mundial, no solo marcó un cambio de paradigma, sino que se posicionó como un faro de derechos humanos, abordando de manera integral y vinculante los desafíos que enfrenta este grupo en el contexto de una sociedad que envejece aceleradamente.
El envejecimiento de la población en América Latina es una realidad ineludible. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se prevé que para el año 2050 el 25% de la población de la región estará compuesta por personas mayores, duplicando las cifras actuales. Este incremento plantea interrogantes sobre la calidad de vida, la inclusión y la igualdad, mientras las políticas públicas intentan ponerse al día con esta realidad demográfica. La Convención emerge, entonces, como una herramienta crucial para articular una respuesta a estos retos y reafirmar el lugar que las personas mayores ocupan en la sociedad.
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La Convención es el resultado de un largo recorrido que comenzó con la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en 1982 y tomó impulso con el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento en 2002. Sin embargo, fue en América Latina donde se forjó un camino único hacia un marco normativo integral. Las iniciativas regionales, como la Declaración de Brasilia en 2007 y la Carta de San José en 2012, apuntaron a la necesidad de proteger los derechos de las personas mayores con un enfoque de derechos humanos.
La aprobación de la Convención en 2015 representa una consolidación de estos esfuerzos. Por primera vez, se establecen estándares claros y vinculantes que abarcan toda la gama de derechos humanos de las personas mayores, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales y culturales. Es un llamado a los Estados de la región para reconocer el envejecimiento como un proceso natural y fomentar la inclusión, la participación y la autonomía de las personas mayores.
Uno de los aspectos más relevantes es su enfoque en el edadismo, una forma de discriminación basada en la edad que perpetúa estereotipos y prejuicios, reduciendo a las personas mayores a meros receptores de asistencia. En los países de América Latina, este fenómeno se manifiesta en la discriminación laboral, la falta de representación en los medios y la exclusión social. La Convención subraya que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otros grupos. Su contribución a la sociedad debe ser reconocida y valorada, rompiendo con los mitos y la narrativa asistencialista que ha prevalecido durante tanto tiempo. Convención redefine la vejez, no como una etapa de vulnerabilidad, sino como una etapa que requiere protección específica y la promoción de la independencia, la participación y el bienestar. Es una invitación a mirar la vejez desde un enfoque inclusivo y a eliminar las prácticas que perpetúan la desigualdad.
Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador y Perú ya la han ratificado, comprometiéndose a adaptar sus legislaciones y a implementar políticas públicas que garanticen el acceso efectivo de las personas mayores a sus derechos. Este compromiso implica acciones concretas, desde la prevención y erradicación de la violencia y la discriminación hasta la adopción de medidas positivas para asegurar la igualdad y la inclusión.
La ratificación es solo el comienzo. La verdadera prueba reside en la implementación efectiva de los principios y derechos consagrados en la Convención. Los países deben adoptar un enfoque interseccional, que considere la diversidad dentro del grupo de personas mayores, incluyendo las identidades de género, el origen étnico y otras características que amplían las brechas de desigualdad. El cambio de paradigma que propone la Convención implica pasar de un enfoque meramente asistencialista a uno basado en la autonomía y la plena participación ciudadana de las personas mayores. Lo más crucial será asegurar que los derechos reconocidos no solo existan en el papel, sino que se traduzcan en un impacto real en la vida cotidiana de las personas mayores en la región.
La Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores es más que un tratado; es una declaración de intenciones y una hoja de ruta hacia una sociedad que valore, respete e incluya a sus mayores. Su importancia radica en la consolidación de un nuevo paradigma donde la vejez se mira desde la lente de los derechos humanos y la inclusión. No se trata solo de reconocer los derechos de las personas mayores, sino de reimaginar su lugar en la sociedad como ciudadanos plenos, con voz, agencia y capacidad para contribuir al bienestar común.
El reto es pasar de las palabras a la acción. La implementación efectiva de la Convención será el verdadero testimonio de cuánto valoramos la experiencia, la sabiduría y la humanidad que las personas mayores aportan a nuestras comunidades. Mientras tanto, esta Convención nos recuerda que el envejecimiento es un proceso universal, y que los derechos que hoy defendemos son, en última instancia, los que deseamos para nuestro propio futuro.
por Mauricio Jaime Goio.