Advierten que con este proceso de selección solamente se está reeditando la receta de habilitar a gente allegada, a gente ya digitada, donde posiblemente ya sepan quién va a ser el fiscal general de Bolivia, básicamente con base en negociaciones.
La Paz, 9 de octubre de 2024 (ANF).- Activistas cuestionaron que los candidatos seleccionados para el cargo de Fiscal General del Estado sean, en su gran mayoría, “funcionarios de cabecera” del gobierno de turno, con perfiles y trayectorias negativas y sin ningún tipo de independencia ni credibilidad que garantice un servicio para la sociedad.
“Para la sociedad no es ninguna garantía que el nuevo fiscal que sea elegido realmente cumpla su rol de legalidad y de protección a la sociedad”, dijo a ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
La lista de los 42 postulantes que pasaron a la etapa de evaluación de méritos y examen oral está plagada de nombres de exjueces, exmagistrados y extribunos que destacaron por tener “poca ética” y haber actuado con acciones “totalmente condenables, totalmente reprochables y que ahora están siguiendo básicamente el dictado y la línea de un partido de gobierno”.
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Entre ellos tenemos al fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, que destacó por su “servilismo” al partido en función de gobierno y con una gestión poca decorosa que viene afectando a cientos de litigantes, resaltaron los activistas.
También está la exjueza Claudia Marcela Castro Dorado, hoy funcionaria del Órgano Judicial, conocida por favorecer a funcionarios de Gobierno. En 2020, en menos de un mes, dictó fallos que favorecieron al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García, a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero y Nemesia Achacollo, además del exjefe de la DGAC Celier Arispe y al dirigente afín al MAS Faustino Yucra. La alianza Creemos cuestionó la labor de esa autoridad judicial.
Ruddy José Flores Monterrey, quien validó la reelección indefinida de Evo Morales. Fue nombrado por el gobierno Morales diplomático en Suiza. Otros postulantes son los autoprorrogados Olvis Egüez Oliva y Marina Durán Miranda.
“Percibimos que, desde esa conducta político-partidaria, lo que están haciendo es profundizar un deterioro más en la administración de justicia, principalmente por la actuación de la Fiscalía, un fiscal general tiene un rol muy importante para un Estado; sin embargo, con los perfiles que se están presentando y con toda la trayectoria negativa que han tenido, realmente no va a generar ninguna confianza ni credibilidad en una función independiente, en una función transparente”, indicó Herrera.
El abogado constitucionalista Jorge Quiroz indicó que si uno de estos postulantes sale elegido solo significará un riesgo para la sociedad y no será ninguna garantía para hacer justicia.
“El riesgo es que, si salen elegidos, la garantía es cero por la calidad de postulantes que hay en estos momentos. Definitivamente, todos, absolutamente todos, tienen y obedecen al partido de gobierno, que es el que está interviniendo y está poniendo a todos sus funcionarios de cabecera en puestos claves”, indicó Quiroz.
El jurista refirió que lo mismo sucede con la elección de magistrados, donde todos tienen una participación política dentro del Gobierno, ya sea nacional como internacional. Observó que muchos de los candidatos sean funcionarios públicos, que durante los años han demostrado su compromiso y lealtad con el partido de gobierno y no con la población, por lo que no hay garantía que el próximo elegido sea el más probo.
“Lo que ocurre es que no les conviene exigir ese requisito de no haber sido anteriormente funcionario del gobierno por una sencilla razón, porque perderían el intervencionismo político en ese puesto de trabajo o en esa entidad estatal, pero esto no es de ahora y tampoco es el invento de los actuales gobernantes”, remarcó.
Otros de los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado que hicieron carrera en el gobierno del MAS son Víctor Hugo Aliaga Gutiérrez, director del INRA La Paz; Wilma Alicia Luz Blazz Ibáñez, directora nacional de Defensa Pública y exfiscal departamental de Potosí; Jhimmy Remberto Almanza Pardo, exfiscal que renunció a su cargo cuando investigaba a Evo Morales; Franco Anagua Poveda, Autoridad Sumariante del Ministerio Público del departamento de Santa Cruz; Constantino Coca Sejas, exfiscal del Beni.
La Fiscalía General del Estado es una “entidad perforada” por la intervención política, como lo dejó entrever la versión del exministro de Justicia Iván Lima en una declaración donde señaló que en el proceso de la expresidenta Jeanine Áñez para que sea procesada en la justicia ordinaria hubo una “decisión política”, es decir, se instruyó a jueces y fiscales desde el Ejecutivo para que se proceda en un “juicio ilegal” por la vía ordinaria, pese a que a la exmandataria le corresponde un juicio de responsabilidades.
Herrera remarcó que la elección del Fiscal General del Estado solamente va a servir para cobijar y apañar lo ilegal como lo ha venido haciendo el fiscal general, Juan Lanchipa, y “lo mismo va a hacer quien salga elegido, pero con mayor deterioro, porque los perfiles que estamos viendo son de trayectorias nada éticas ni morales”.
La activista indicó que con este proceso de selección solamente se está reeditando la receta de habilitar a gente allegada, a gente ya digitada, donde posiblemente ya sepan quién va a ser el fiscal general, básicamente con base en negociaciones.
“Yo creo que si no se hace una reflexión profunda de cómo estamos deteriorando la democracia, las garantías en los derechos humanos, muy difícilmente se va a encontrar personas que puedan acceder a puestos mostrando independencia, es muy difícil, porque está tan carcomida la política partidaria, el cómo se eligen instancias importantes de un Estado, que todo va a estar siempre en función a los partidos de gobierno, por todos estos móviles del control del poder y el control económico que les permite”, apuntó.