La justicia notificó a Camacho, Añez y Pumari, para el inicio del juicio oral por la crisis política de 2019. Este actuado inicia el lunes 14 de octubre.
La Justicia notificó al Centro Penitenciario de Chonchocoro para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea trasladado desde ese recinto carcelario hasta un juzgado de la ciudad de La Paz para que participe del inicio del juicio por la crisis del 2019, previsto para el 14 de octubre.
El documento señala que la audiencia se realizará el lunes desde las 9:00 y Camacho debe estar presente hasta la conclusión.
La orden está firmada por Marco Antonio Vargas, juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia a las Mujeres.
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Martín Camacho, abogado que defiende al gobernador, confirmó que Camacho ya fue notificado sobre el inicio del juicio. El jurista criticó que en este caso, la dirección de Régimen Penitenciario haya reaccionado con celeridad.
“Aplaudimos la decisión del tribunal y nos sorprende que para este acto procesal el señor Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, ha dispuesto de inmediato el traslado hasta el centro de la ciudad de La Paz, donde está el juzgado del gobernador Luis Fernando Camacho”, sostuvo el abogado.
Previo a la instalación del juicio oral, Camacho elevó una solicitud a la Fiscalía y los jueces para que en sus pruebas de descargo se tome en cuenta las declaraciones de diferentes líderes políticos y autoridades entre las que figuran el presidente Luis Arce Catacora y el expresidente Evo Morales.
Además, en el listado expuesto también se ofrece al alcalde cruceño Jhonny Fernández, al exvicepresidente Álvaro García Linera, el exministro Carlos Romero, el gobernador suplente Mario Aguilera, la diputada Deisy Choque y la expresidenta del Senado, Eva Copa, entre otros.
La justicia fijó para el lunes 14 de octubre el inicio del juicio oral por el denominado caso golpe I, el cual alcanza a la expresidenta Jeanine Añez, el exlíder del Comcipo, Marco Antonio Pumari, exministros, exdirigentes cívicos y exaltos mandos militares y policiales, según expuso el abogado Jorge Nina, quien defiende a la impulsora de esta causa, la exdiputada Lidia Patty.