La Gobernación cruceña pide modificar un artículo del Código Penal y abrogar las “leyes incendiarias” para endurecer las penas por estos delitos. Hay 86 procesos por incendios en Santa Cruz, pero están en fase preliminar, según informes de la ABT
Fuente: eldeber.com.bo
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) planteó, en lo que va de este año —el más catastrófico por la devastación de la naturaleza—, 86 procesos penales por incendios forestales en Santa Cruz. Por efecto de estas acciones hay una sola persona detenida, de manera preventiva, en el penal de Palmasola.
Según los datos del Gobierno, se quemaron 6,9 millones de hectáreas de bosques y pastizales hasta el 30 de septiembre en la región cruceña. Esa cifra es menor a la presentada por la Fundación Tierra que cifró en más de siete millones de hectáreas la tragedia ambiental y más de 10 millones de hectáreas a escala nacional. La ABT ni otra agencia especializada del Gobierno actualizó los números de estas pérdidas provocadas por los incendios, especialmente en septiembre cuando se declaró la “pausa ambiental” y se comenzaron a movilizar tropas militares y policías para detener a las personas que provoquen incendios.
El asesor General de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Roca, explicó a EL DEBER que lleva el registro de todos estos procesos penales por que la institución departamental se adhirió a todas las causas y, en consecuencia, asiste a las audiencias y vistas judiciales.
“Es un chiste para cualquiera ponerse a hacer quemas y provocar incendios porque no va a ir a la cárcel. De los cerca de 90 procesos que la ABT reportó, y que la Gobernación se adhirió, tenemos a un detenido preventivo, (y esto es da) o porque los larga (libera) la Fiscalía o los larga los jueces. Están matando nuestra flora, fauna, nos están intoxicando y resulta que los responsables no entran presos, tenemos que endurecer las penas”, dijo Roca.
En ese contexto, exigió modificar un artículo del Código Penal para endurecer las penas y sentar un precedente. Afirmó que, si bien la Policía, Fiscalía o instituciones del Estado pueden procesar a los incendiarios, los sospechosos pueden acogerse a beneficios como un procedimiento abreviado, consiguiendo tres años de encarcelamiento y así no ingresar a prisión.
Actualmente, el Artículo 206 del Código Penal establece que la pena por provocar incendios es de dos a seis años de prisión. En septiembre pasado, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, anunció la presentación de un proyecto de ley que incrementa las sanciones penales hasta 12 años de condena carcelaria.
El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, informó el lunes que envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional para este propósito. En tanto, colectivos ambientales exigen abrogar las llamadas normas incendiarias, como la Ley 741, 1171, entre otras.
Roca indicó que el Decreto 5225, que dispone la pausa ambiental sin un tiempo para la restauración de los bosques, arroja que las multas por las quemas sin autorización son de Bs. 3, subiendo su porcentaje, por ello, insistió en el planteamiento de endurecer las penas para los infractores.
El director ejecutivo de la ABT, Luis Roberto Flores, informó que, a escala nacional, existen 371 procesos administrativos, de los cuales 192 son en propiedades privadas y 155 en comunidades. Con relación a los penales, dijo que existen 113, 66 contra personas implicadas, 47 contra presuntos autores y cuatro sentenciados.
“Donde encuentren a una persona en flagrancia prendiendo fuego muéstrenle la cara al pueblo boliviano para que las instancias policiales lo identifiquen y nosotros como ABT iniciemos el proceso penal correspondiente”, afirmó Flores, pero sin dar detalles sobre las personas detenidas.
Según el reporte de la ABT, del total de causas penales activadas en el país, 86 están en Santa Cruz y en etapa preliminar. También reportó de un desistimiento por parte de la Fiscalía de San Matías.
El 23 de agosto, en el municipio de San Ignacio de Velasco, tres personas recibieron una sentencia condenatoria, pero no fueron a prisión por la calificación de la pena que es menor a tres años.
El abogado Gustavo Pedraza consideró que, si bien los autores de los incendios deben ser sancionados, se debe atacar a las causas estructurales para frenar las quemas. Se trata de políticas públicas e incentivos políticos.
“Han convertido a la tierra en un recurso para permanecer en el poder. Entonces este desastre ambiental ha sido provocado por el MAS a través del INRA, la ABT con normas jurídicas que perforaron la Constitución”, opinó el jurista.
En tanto que Rubén García, de Alas Chiquitanas, sostuvo que los grandes responsables de los incendios que deban ser investigados sean empresarios, comunario o campesinos.
“Hay que tener claro no es solamente apuntar en estos procesos a los mencionados, sino al Gobierno e iniciar un juicio de responsabilidades por el daño”, subrayó el letrado sobre este caso.