Justiniano afirmó que, en muchas ocasiones, los fiscales no toman en cuenta las pruebas que presentan contra los infractores e incluso los deben obligar a que emitan una imputación.
Fuente: ANF
En cinco meses donde se incrementaron las quemas y arrasaron con más de 10 millones hectáreas de bosque y pastizales, se abrieron 114 procesos penales contra aquellas personas que ocasionaron quemas e incendios forestales, pero solo existen cuatro sentencias condenatorias.
“A la fecha tenemos aperturados (sic) 114 procesos penales de los cuales 86 son en Santa Cruz y 28 en el departamento del Beni que están distribuidos en diversos municipios. También debemos manifestar (que), tenemos a la fecha, existen cuatro personas con sentencia condenatoria, tres personas con detención preventiva en la cárcel de Palmasola”, informó el jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Robin Justiniano, en entrevista con Radio Santa Cruz y ANF.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Hasta fin de septiembre, se quemaron un total de 10.125.400 hectáreas superando el récord histórico que se registró en 2019, cuando se quemaron alrededor de 5,3 millones de hectáreas, de acuerdo con un reporte de Fundación Tierra. Aunque el gobierno insiste que son 6,9 millones de hectáreas quemadas, un dato que no actualizada desde el 22 de septiembre.
A la vez, Justiniano dijo que también se activaron los procesos disciplinarios y hasta el momento se emitieron 350 citaciones a los dueños de propiedades privadas que quemaron de forma ilegal, de esa cantidad 190 fueron expedidos en el departamento de Santa Cruz.
“En los procesos administrativos estamos llegando a un total de 350 citaciones de comparendo a predios privados. En el caso del proceso administrativo se ha realizado una quema ilegal dentro del predio y el proceso penal cuando afecta a un tercio dentro de estos.
Con relación a la gestión pasada, el funcionario señaló que se abrieron 29 procesos penales y se emitieron ocho condenas, lo cual muestra que en 2024 se incrementaron de forma considerable los procesos por quemas ilegales.
Dijo que la cantidad de sentencias contra quienes provocan incendios es baja, pero existe una explicación y que está en función al cumplimiento de las competencias de cada institución que participa en estos casos.
Dificultades con la justicia
Afirmó que, en muchas ocasiones, los fiscales no toman en cuenta las pruebas que presentan contra los infractores e incluso los deben obligar a que emitan una imputación.
“Tenemos un fiscal procesado en el régimen disciplinario del Ministerio Público porque presentó a persona infraganti quemando en reserva forestal y este fiscal no presentó imputación, por lo tanto, lo liberó. Ese proceso a la fecha no ha sido ni siquiera nuevamente imputado pese a los memoriales que hemos ingresado”, enfatizó.
En otro caso, contó que presentaron una denuncia penal contra un juez de Guarayos, del departamento de Santa Cruz, que liberó a tres personas que ocasionaron incendios en esa región, las cuales fueron aprehendidas en flagrancia y se encontraron elementos suficientes para su detención preventiva.
“Tenemos procesado a un juez de Guarayos quien liberó a tres personas encontrándose en flagrancia con 4.000 litros de gasolina e incendiando con sopladores, tenían una oruga dentro de una reserva TCO y hemos presentado las imágenes, pero el juez los liberó”, expresó.
/EUA/ nvg/