La confrontación de las cúpulas del oficialismo devela ante el país la degradación en las conductas morales de quienes han gobernado Bolivia por durante casi dos décadas. El abuso de poder desprestigia la política y su descrédito destruye la democracia, la cual sólo puede sustentarse en instituciones que garantizan las libertades civiles, limitando el poder de los gobernantes para evitar su abuso y el atropello de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si los ciudadanos no pueden confiar en las instituciones diseñadas para dividir y contener el poder, entonces no viven en una verdadera democracia.
El abuso del poder se da en múltiples formas, quizás la más extendida es la corrupción para fines de enriquecimiento ilícito, mediante la cual los gobernantes se apropian de los recursos públicos para su propio beneficio. Otra forma de poder es el ejercicio autoritario del poder, procurando permanecer indefinidamente en el mismo, destruyendo los pesos y contrapesos democráticos, persiguiendo a quienes piensan distinto y a quienes pueden representar una amenaza competitiva para la perpetuación en el poder. En los últimos días, la pelea oficialista ha develado una vez más que la concentración del poder no solo codicia el dinero y la autoridad sin límites, sino también incurre en inconductas que violan la vida y la dignidad de las personas víctimas del abuso de poder. Como decía Lord Acton “el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”.
La política debe ser una de las actividades más criticadas en la sociedad y, sin embargo, no existe la forma de vivir sin ella, puesto que desde nos agregamos en grupos más complejos y constituimos estados para ordenar nuestra convivencia, el orden y la paz social dependen de la calidad de la política que impere en una nación. De la cultura política que prevalezca en una sociedad, dependerá la calidad de sus gobernantes, la forma en la que gobiernen y los resultados de sus gestiones gubernamentales. Al final de cuentas, los políticos no vienen de otro planeta, sino que surgen de las mismas sociedades que los eligen y/o sostienen en el poder.
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Qué hacer frente a este dilema permanente que afrontan las distintas naciones en la búsqueda de la convivencia pacífica, ordenada y prospera de sus miembros. La respuesta que han encontrado las naciones que se han logrado los niveles de desarrollo más avanzado es la construcción de un Estado de derecho en el cual el poder está limitado por instituciones, leyes y tribunales de justicia independientes. La alternancia en el poder y la rendición de cuentas se cuentan entre las principales instituciones que limitan el abuso del poder, ya que cuando los gobernantes tienen claro que el poder es pasajero, tendrán mayores incentivos para contenerse a sí mismos porque saben que cuando dejen el gobierno tendrán que responder por los abusos que hubieren cometido. Todo lo contrario, sucede cuando se pierde la noción del carácter pasajero del poder y se cae en un círculo vicioso de abuso y corrupción frente a lo cual la única solución es aferrarse a la permanencia en el gobierno, pues se sabe que fuera del mismo se deberá afrontar a la justicia, o peor aún, a la ira y la venganza de los abusados. Es el círculo vicioso que enfrentan los países en los que la democracia no termina de consolidarse e institucionalizarse.
La piedra angular para el límite del poder es la existencia de una justicia independiente, la cual sirve de contrapeso tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. De esta forma, los tribunales independientes debieran impedir que se aprueben leyes y decretos contrarios a la Constitución, que se persigan opositores utilizando la justicia para ello, que se penalicen los temas administrativos, que se coarte la libertad de expresión, que se amedrente a los medios independientes, que se utilice a los entes administrativos y/o recaudatorios del estado para extorsionar a quienes son percibidos como opositores o independientes al poder, que se abuse de la detención preventiva, puesto que la regla general debiera ser que los ciudadanos sean privados de su libertad cuando exista una sentencia firme que los condene. Con unos tribunales independientes, el poder sería realmente pasajero y la rendición de cuentas una realidad, por lo que quienes asuman el gobierno sabrían que el poder tiene límites y que pronto, al dejarlo, deberán dar cuentas por sus actos, con lo que, en su mayor parte, se contendría los abusos de poder que se debaten actualmente en la coyuntura política y social nacional.
Obviamente, así como importante y trascendente es la existencia de una justicia independiente, así de grandes son los intereses políticos y económicos que dependen de ella, por lo que en buena parte la lucha por el poder en Bolivia se desenvuelve alrededor del control por la justicia. Estas son las realidades que debe afrontar cualquier proyecto que procure constituirse una alternativa para la reconstrucción de la República, la democracia y la economía, que es lo que toca frente a la crisis multidimensional que sufre nuestra nación actualmente.