La autoridad minera realizó inspecciones a lo largo de la cuenca del río San Juan del Oro, en Chuquisaca, Tarija y Potosí.
Una de las áreas inspeccionadas por la AJAM. Foto: AJAM
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), realizó una inspección en la cuenca del río San Juan del Oro, que abarca los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí, e identificó un punto de explotación ilegal de minerales en la población de Porco, en el municipio de Tupiza.
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El punto observado se encuentra en la cuenca de Estarca; un área restringida y declarada zona prohibida por el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, en el departamento de Potosí. De inmediato, la autoridad emitió una notificación para el cese de explotación ilegal de recursos minerales.
Asimismo, la AJAM a través de la Dirección Regional Tupiza presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público en cumplimiento de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.
Minerales
Luego de recibir denuncias por explotación ilegal, la AJAM realizó en las últimas semanas una inspección en la cuenca del río San Juan del Oro.
La inspección inició el 8 de septiembre y durante tres días recorrió las riberas del río San Juan del Oro y sus zonas aledañas. El primer grupo partió del municipio de Culpina; y recorrió los municipios de Villa Abecia y Las Carreras en Chuquisaca para luego ingresar a los municipios de El Puente y Yunchara en Tarija; y Tupiza y Villazón en Potosí.
Este equipo transitó por 19 comunidades a lo largo del río San Juan del Oro, tomando registro fotográfico y puntos de ubicación con el fin de identificar indicios de explotación ilegal de recursos minerales.
De manera paralela, la segunda comisión partió de los municipios de Tupiza y Villazón y concluyó su recorrido en el municipio de Mojinete. Cubrió un total de 23 comunidades en el área de la cuenca del río. Se identificó solo un punto de explotación ilegal.
En agosto pasado, la AJAM ya había ejecutado una intervención en proximidades del río San Juan del Oro junto a representantes del Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, el Gobierno Autónomo Municipal de El Puente y el apoyo efectivo de la Policía. La comitiva identificó y logró paralizar actividades mineras ilegales en la zona.