José Dávalos, defensa del Marco Antonio Pumari, informó que el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinó que el excívico potosino continúe en el penal de San Pedro de La Paz mientras se desarrolle el juicio oral por el caso Golpe de Estado I.

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“Tenía que continuar el juicio mañana, pero entendemos que los abogados de (Luis Fernando) Camacho tienen una audiencia en la ciudad de Santa Cruz. El tribunal ha dispuesto que la siguiente semana va a continuar el juicio y es en esas circunstancias que Marco Pumari, hasta mientras se desarrolle el juicio, va a permanecer en La Paz”, dijo el jurista.

La audiencia fue suspendida hasta el jueves 24, luego de una intensa jornada en el que la defensa de los acusados planteara algunos incidentes.

Se tenía previsto llevar adelante el juicio oral el lunes 21, sin embargo, desde tempranos horas de este jueves de manera sorpresiva la Policía Boliviana activó un operativo de traslado desde las cárceles de Miraflores, Chonchocoro y San Pedro de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Pumari hasta el juzgado de La Paz.

Pumari llegó el miércoles a La Paz bajo un fuerte resguardo policial desde la cárcel de Cantumarca, Potosí, para participar del juicio oral dentro el proceso de terrorismo, sedición y conspiración.

 

A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso una querella penal contra los políticos que promovieron la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019, al que se denominó caso Golpe de Estado I.

El caso refiere a los hechos ocurridos en 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Dentro de este caso se encuentran Camacho y Pumari, además de exjefes militares.

La exmandataria Jeanine Áñez fue apartada del caso, luego que Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinara que no podía ser procesada dos veces por un mismo hecho que del caso Golpe II.

Cuatro exaltos jefes militares ya fueron condenados a dos y tres años de presidio por cumplir en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz, así como los exministros de Justicia y de Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente.

Ambas exautoridades recibieron una pena de dos años, bajo los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa.

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