Susana Seleme Antelo
1) ¿Qué opina de la negativa de Fiscalía a recibir la carta del ex fiscal Marcelo Soza como prueba de descargo por sus actuaciones mientras estuvo a cargo del caso Rózsa?
No puede aceptarla, si ya el jefe del régimen, Evo Morales, dijo que Soza “Es un corrupto delincuente confeso” y el ministerio de Gobierno afirmó que “Soza pretende engañar al Consejo Nacional del Refugiado (CONARE) de Brasil para conseguir un refugio indefinido. Además, sería confirmar todas las aberraciones jurídicas que denuncia el exfiscal. Entre otras que “el grado de influencia del Gobierno sobre la justicia es absoluto” y que él, como si no tuviera vela en este entierro y hubiese sido un fiscal probo, solo “cumplió órdenes” del “gabinete jurídico, un instrumento de intervención y sometimiento de la justicia. La carta también confirma lo que ya se sabía en Bolivia: “la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales”, cooptados y subordinado al poder político.
2) ¿Qué consecuencias tendrá la carta en el juicio que le sigue el gobierno a los imputados-detenidos-exiliados del caso?
Si algo se debe rescatar de la carta del exfiscal, aunque nada lo exime de su corresponsabilidad en los feroces atropellos que cometió, aunque fuesen por instrucciones superiores, es que por fin salen a luz los entretelones de lo que llaman el caso Rózsa. En los hecho no fue un vulgar “caso”, sino un complot político con carátula judicial de terrorismo- separatismo. El objetivo planificado por el centralismo andino y sus asesores de inteligencia, apenas iniciada la era Morales en 2006, era aplastar a la dirigencia autonomista de la hoy desaparecida ‘Media Luna’: Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y parte de Chuquisaca. En esa contradicción: autonomía versus centralismo, ganó el régimen por su práctica autoritaria, represiva y demagoga, a título del “proceso de cambio”, que produjo un duro golpe al Estado de Derecho y, de suyo, a la independencia de poderes con la actual sumisión del poder Judicial al poder político. La mención de Soza al gobernador cruceño, debe ser otra manipulación escuchada de sus mandantes políticos.
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3) ¿Qué derivaciones puede tener este caso para (CONARE) en Brasil?
No es prudente adelantarse a nada, sobre todo si Brasil concede por ley, 180 días de permanencia a toda persona que solicita refugio político. Asumo que estudiará muy bien el caso, que no parece fácil por naturaleza de las denuncias que hace Soza, muy contundentes en cuanto a la manipulación de la administración de justicia con fines políticos nada santos. También conlleva circunstancias agravantes de responsabilidad criminal por el asesinato del húngaro boliviano, Eduardo Rózsa, jefe del grupo para infiltrar las filas autonomistas, el irlandés Michel Dwyer, y el también húngaro Arpad Magyarosi, en el asalto al hotel donde se hospedaban, 16 de abril de 2009. Soza afirma que él no participó en la acción ejecutada por tropas de elite de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC). Los asesinaron para tapar la verdad, borrar cualquier pista y luego sembrar pruebas falsas, hechos que Sosa sí sabía. Ese misma madrugada, el comando arrastra a dos supervivientes: Mario Tadic, boliviano de origen croata, y Elód Toásó, húngaro, presos desde entonces, sometidos torturas y otros vejámenes.
Según varias fuentes, Rózsa fue contratado en Europa por funcionarios del régimen, en 2008, para infiltrar a los autonomistas, montar el complot terrorista- separatista y justificar la persecución desatada contra los dirigentes, sobre todo de Santa Cruz, que arroja 39 imputados hace 4 años, 9 presos y los demás en el exilio. (La misteriosa conjura boliviana, Maité Rico, El País, Madrid 26.04.2009; EE UU sospecha que el Gobierno de Bolivia simuló una trama terrorista. Thursday, December 30, 2010.Internet).
4). Si lo que usted llama complot político con carátula judicial está estancado, ¿sólo quedan las instancias internacionales para el tema de los asesinatos?
Las familias de las tres víctimas y los sobrevivientes han hecho gestiones ante sus propios gobiernos y ante la Comisión Derechos Humanos en Naciones Unidas, que tiene dos resoluciones favorables a Toásó, pero ninguna acción ha prosperado. Las familias de los presos y sus abogados también se mueven. Pero influye la propaganda del Gobierno y la diplomacia que despliega a todo nivel, donde afirma que los tres extranjeros asesinados y los sobrevivientes detenidos, como los demás presos eran terroristas contratados por los opositores de Santa Cruz para impulsar una rebelión armada y asesinar a Morales. Para confirmar esa versión, el régimen no tuvo reparos en condecorar a los miembros la UTARC. En la Bolivia de Morales, los asesinos son héroes.
Después de la carta de Soza, y una vez pasada la fanfarria de la Cumbre del Grupo 77+China, el régimen acelerará la condena, sino a todos, a una parte de los 39 imputados. Por eso, después de dos meses de paralización del juicio-farsa, la recusación contra el Tribunal presentada por el abogado defensor de un preso, y aceptada por dos jueces ciudadanas, fue rechazada por el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz. Con ese veredicto, se reprogramará el calendario de audiencias, pues de alguna forma el régimen tiene que cerrar su mal nacido entuerto, para no quedar tan al descubierto de lo que es: una dictadura disfrazada de demócrata.
El Día – Santa Cruz