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El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, precisó que el traslado fraudulento de ciudadanos para que sean inscritos en el padrón biométrico de una población a la que no pertenecen tiene una sanción de hasta tres años de cárcel.
Paredes dijo que hasta el momento no conoce una denuncia formal de esta presunta irregularidad, pero se instruyó a la Dirección del Servicio de Registro Cívico (SERECI) de Santa Cruz tomar las acciones necesarias y elaborar un informe de lo que acontece en esa población.
"Cualquier autoridad sea política, administrativa, dirigentes de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de registrarse o emitir el voto, será sancionado con la pena privativa de libertad de dos a tres años, es un delito electoral", afirmó Paredes a Unitel.
Paredes aseguró que se asumirán las acciones necesarias conforme a ley para garantizar el proceso preelectoral y fundamentalmente las actividades que tienen relación con la votación que se va a llevar a cabo el 12 de octubre próximo.
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Fuente: Unitel, El Deber