En tanto, algunos analistas expresaron su incredulidad ante el proceso electoral, porque aseguraron que no resolverá la crisis del fondo del sistema judicial boliviano.
En Cochabamba siete abogados se disputan una titularidad y una suplencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en las elecciones judiciales, previstas para el próximo 1 de diciembre. Sus propuestas coincidentes son lograr la independencia judicial, el acceso a la justicia, resolver la mora procesal y la lucha contra la corrupción, según datos de la página web del Órgano Electoral.
En tanto, algunos analistas expresaron su incredulidad ante el proceso electoral, porque aseguraron que no resolverá la crisis del fondo del sistema judicial boliviano.
En las elecciones del 1 de diciembre se elegirá a 52 autoridades para el TSJ, para el TCP, para el Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura. De esta manera, cesarán los cargos de los llamados jueces “autoprorrogados”, según analistas.
Propuestas para el TSJ
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Los candidatos al TSJ son Delina Irma Zurita Herbas, Cándida Méndez Torrico, Mercedes Huanca López, Sarina Sandra Marañon Revollo; Danny Roberto Knaudt Vilaseca; German Saúl Pardo Uribe y Pablo Antezana Vargas.
Sus propuestas en común son, primero, el acceso a la justicia. Los candidatos mencionaron la necesidad de implementar políticas que faciliten este acceso y enfatizan en la reestructuración y creación de juzgados para responder a la demanda de población
La segunda propuesta es fortalecer la independencia judicial a través de reformas y garantizando la carrera judicial. Esta independencia es vista como fundamental para asegurar una justicia imparcial y efectiva.
La tercera propuesta es la lucha contra la corrupción. Los postulantes coincidieron en que se deben establecer procesos de selección meritocráticos y capacitaciones para asegurar que los jueces sean idóneos y éticos.
La cuarta propuesta tiene que ver con soluciones a la retardación y la mora judicial. Proponen la creación de nuevos juzgados y mecanismos para acelerar los procesos judiciales.
La quinta propuesta es acerca del uso de tecnología: hay un consenso sobre la importancia de modernizar el sistema judicial mediante el uso de tecnologías de la información. Sugieren implementar sistemas digitales y capacitación en herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de casos.
La última propuesta se refiere a la capacitación del personal judicial. Muchos plantean la necesidad de capacitar al personal del Órgano Judicial en aspectos técnicos y éticos, lo que se considera crucial para mejorar la calidad del servicio judicial.
Postulantes al TCP
Los aspirantes por Cochabamba al TCP son Fernando Bruno Escobar Pacheco y Julio Veizaga, cuyas coincidencias son los enfoques sobre la justicia constitucional y la protección de los derechos en Bolivia.
Ambos proponen fortalecer la protección de los derechos de diversas poblaciones, como de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los niños. Escobar plantea la emisión de sentencias unificadoras que protejan estos derechos, mientras que Veizaga sugiere la creación de salas constitucionales dedicadas a su protección.
Ambos abogan por la creación de estructuras que fortalezcan la justicia constitucional. Proponen una unidad de coordinación para unificar los criterios jurisprudenciales y la creación de salas constitucionales en ciudades intermedias para acercar la justicia a la población.
Mencionan la implementación de tecnologías de la información para gestionar procesos de manera más accesible y transparente. Escobar sugiere crear una unidad de auditoría informática que se alinee con la necesidad de modernizar el sistema judicial.
Las propuestas de ambos reflejan una preocupación común por la calidad y accesibilidad del sistema judicial en Bolivia, así como un enfoque de protección de los derechos fundamentales, a través de la modernización y la capacitación.
Se trata de un parche
Para el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, las elecciones judiciales no resolverán la crisis del sistema judicial, porque se trata de un problema estructural.
Menciona que los dos procesos anteriores evidenciaron que el proceso de preselección de altas autoridades para los cargos judiciales, en la Asamblea Legislativo Plurinacional (ALP), no es el adecuado porque no garantiza la independencia, imparcialidad y meritocracia de los profesionales.
Señala que la próxima gestión gubernamental debe encarar la reforma judicial, fundamental para recuperar la institucionalidad del sistema judicial y no “sólo hacer parches”.
Para el jurista Ramiro Orías, las elecciones judiciales no servirán para resolver la crisis judicial. “La interrupción y suspensión de este proceso electoral que llega casi languidecido en su capacidad de devolverle legitimidad social al sistema de justicia”.
Cuestiona que el control centralizado de la difusión de méritos de los candidatos – escasamente conocidos por la ciudadanía-, junto a la prohibición de campañas electorales, restringe que este momento sea un tiempo de deliberación pública sobre sus propuestas de reforma electoral.
Como Nuñez, Orías señaló que la propuesta de una política pública de reforma integral de la justicia es el desafío de las nuevas autoridades nacionales.
Sistema presenta fallas
Sobre el tema, la jurista independiente Kathia Saucedo señaló que el sistema de elección judicial vigente tiene fallas serias; mencionó que el sistema de votación popular no garantiza la decisión ciudadana y eso se evidenció con la poca participación de la gente en las urnas durante los dos procesos electorales anteriores.
Lamentó que los políticos no optaran por una reforma parcial constitucional, sino por mantener el actual diseño. “Entonces estamos yendo a la elección judicial con esos gravísimos defectos”, señaló Saucedo.