Durante la presentación de los datos de la Encuesta, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, trazó una ruta crítica orientada a coordinar acciones para el resguardo de los derechos humanos de las y los periodistas.
Fuente: UCOM/DPB
La Paz. – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, informó que realiza gestiones ante el Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la situación que atraviesan periodistas y trabajadores de la prensa que son afectados por agresiones u obstrucción a la labor periodística, protagonizada por algunos sectores sociales.
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“Hemos conversado y desarrollado una entrevista con el Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para manifestarle esta preocupación que tenemos sobre las reiteradas agresiones y también obstaculización de la labor periodística”, señaló la autoridad defensorial, durante la conferencia de prensa desarrollada desde Santa Cruz, el pasado martes.
En dicho contacto con la prensa, Callisaya reiteró su llamado a las partes en conflicto, para que establezcan una pausa solidaria, aportar a la pacificación y parar la escalada de la violencia.
Agresiones contra periodistas
En el marco de la presentación del Reporte de Conflictividad correspondiente al Tercer Trimestre de 2024, la Defensoría del Pueblo consignó el acompañamiento realizado a la “Marcha para Salvar a Bolivia”, donde se estableció que la movilización fue pacífica hacia la población, pero no fue así en cuanto a los periodistas, pues se registraron 16 casos de agresiones a equipos periodísticos, de los cuales al menos 14 periodistas sufrieron agresiones físicas, verbales y/u obstrucción a la labor periodística en las poblaciones de Vila Vila, Patacamaya y Ayo Ayo.
Dichas organizaciones sociales, que actualmente llevan adelante el bloqueo de caminos que aísla a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí, también profirieron agresiones y obstaculización al trabajo de los periodistas de Cadena A, Bolivia TV y la agencia internacional EFE, hechos que ocurrieron el pasado viernes en el sector de Pirque Parotani y aledaños, en el departamento de Cochabamba.
La Defensoría del Pueblo, también hace seguimiento de los casos ocurridos en el marco de la intervención policial al bloqueo de Mairana (Santa Cruz), donde el periodista y el camarógrafo de la Red Uno fue retenido contra su voluntad y agredido física y verbalmente, lo mismo que un periodista de UNITEL, quien sufrió heridas de consideración en la cabeza. Ambos casos tuvieron como agresores a los movilizados, que obstruyen la circulación por la carretera que pasa por el citado municipio cruceño.
También se intervino en el caso de un periodista, detenido por la Policía Boliviana durante el desbloqueo de Panduro (Oruro), ocurrido el pasado lunes y para quien la Defensoría del Pueblo logró su libertad pura y simple.
Ante estos hechos, la institución defensorial emitió diferentes pronunciamientos en los que demanda el respeto de los derechos humanos de las y los periodistas que cubren hechos de conflictividad. Asimismo, el pasado 10 de septiembre, la Defensoría del Pueblo, presentó los resultados de la Encuesta Nacional “Vulneraciones a los Derechos Humanos en la Labor Periodística”, la cual develó que “El 64,8% del total de los participantes de la encuesta afirmaron haber sufrido algún tipo de vulneración durante el ejercicio periodístico”.
Otro dato relevante que presentó esta encuesta nacional son los periodos señalados como los más álgidos en cuanto a la vulneración de derechos de los periodistas: el 22,3% de los encuestados señaló que sufrió la transgresión a sus derechos en 2019, mientras que, en el año 2023, el 28,3% hizo denuncias por alguna agresión.
Durante la presentación de los datos de la Encuesta, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, trazó una ruta crítica orientada a coordinar acciones para el resguardo de los derechos humanos de las y los periodistas. Asimismo, recordó que tal y como se estableció en el informe del GIEI-Bolivia es necesario “Crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados, así como lo señala el numeral 27 de las Recomendaciones al Estado y a toda la sociedad civil boliviana”.
Finalmente, la autoridad defensorial expresó su preocupación por la percepción sobre la atención del Estado a la vulneración de los derechos humanos del gremio periodístico, derivando esta situación en la falta de resolución de las denuncias, la pérdida de credibilidad de las instituciones y el riesgo de la elevación de las cifras de subregistro.