La inspección se realizó en coordinación con los viceministerios de Lucha Contra el Contrabando, de Desarrollo Agropecuario y de Políticas de Industrialización, en un esfuerzo por frenar la especulación y asegurar la estabilidad de precios en productos alimenticios clave.
Fuente: Prensa_Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva Trujillo, después de realizar una inspección a los ingenios arroceros de Montero en Santa Cruz, informó respecto a las medidas que el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, está implementando para garantizar el acceso a alimentos esenciales en todo el país.
“Los bloqueos que afectan la transitabilidad han dificultado el transporte de alimentos desde Santa Cruz y Cochabamba hacia el resto del país, lo que ha propiciado prácticas especulativas en el precio de productos esenciales, impactando a la población más vulnerable,” afirmó el viceministro Silva.
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La inspección se realizó en coordinación con los viceministerios de Lucha Contra el Contrabando, de Desarrollo Agropecuario y de Políticas de Industrialización, en un esfuerzo por frenar la especulación y asegurar la estabilidad de precios en productos alimenticios clave.
El Viceministro señaló que se verificó la disponibilidad suficiente de arroz para cubrir la demanda nacional, sin embargo, explicó que los bloqueos han impedido la distribución de productos como arroz, carne de pollo, carne de res y cerdo, abastecidos en un 60% desde Santa Cruz, lo que ha generado un aumento de precios en el mercado nacional.
“Sabemos que la producción de arroz requiere esfuerzo y dedicación, y reconocemos que cada etapa del proceso debe obtener una ganancia justa. Sin embargo, no permitiremos que la especulación impacte de manera desproporcionada al consumidor,” añadió Silva.
Al respecto, indicó que el Gobierno nacional solicitará a los ingenios arroceros una descripción detallada de sus estructuras de costos para determinar precios justos y evitar la especulación.
Estas acciones buscan proteger los derechos de las y los consumidores y asegurar un mercado justo, evitando prácticas de agio que puedan perjudicar la economía de las familias bolivianas