El subprefecto de la provincia Sud Yungas, medió en el cobro de 8.000 dólares para tramitar licencias de comercialización de coca. El diputado Cirio Quispe afrontará por lo menos cuatro procesos por el presunto cobro a cuatro campesinos.
Cocaleros: las licencias para los productores no dan las mismas ventajas como a los detallistas
La Prensa
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Subprefecto Mamani participó en transa de licencias de coca
El diputado Cirio Quispe demandará a acusadores por falsedad material
La autoridad, que goza de la confianza del MAS, pide dos semanas para solucionar el conflicto.
Adán Santos Mamani Gutiérrez, subprefecto paceño de la provincia Sud Yungas, admitió que medió en el cobro de 8.000 dólares para tramitar licencias de comercialización de hoja de coca al detalle en Santa Cruz.
Mamani Gutiérrez, en contacto telefónico con La Prensa, afirmó que “sólo fui el interventor” entre las cuatro personas que solicitaron licencias de comercialización y el diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cirio Quispe.
Electo como Subprefecto de la provincia Sud Yungas el 2 de octubre de 2008, tras ejercer funciones como secretario de Juventudes del MAS, Mamani manifestó que los montos de dinero que se manejan en la denuncia “fueron establecidos por los otros involucrados” y que existe una tercera persona con la que se contactaron.
“Quiero solucionar de una vez (las denuncias), el compañero Cirio cómo estará pensando no sé. Estamos de acuerdo en responder ese monto”.
El diputado masista Cirio Quispe afrontará por lo menos cuatro procesos por el presunto cobro a cuatro campesinos, a quienes ofreció tramitar las licencias para comercializar en mayo de 2008.
El Subprefecto, que no quiso abundar en mayores detalles, explicó que el anterior viernes se contactó con los denunciantes, a quienes solicitó dos semanas para “solucionar y devolver”, se entiende por el dinero.
Octavio Mollicheca Mamani, Luis Gualberto Condori Quispe, Reyna Mollicheca Mamani y Gloria Michua Mamani, quienes poseen cocales en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas, La Paz, hicieron pública la denuncia el 17 de septiembre por los delitos de concusión, uso indebido de influencias y estafa.
Sobre los recibos que presentaron los cuatro cocaleros, en los que se lee claramente en uno de ellos “por concepto de trámite de licencia de comercialización de hoja de coca (…) Una vez entregado (sic) la licencia, debe ser cancelado el saldo”, Adán Mamani declaró que “no ha firmado ni sellado (Cirio Quispe), han falsificado todo”.
El entrevistado no quiso hablar más y se presentará en la sede de gobierno para aclarar la ilícita gestión de licencias.
Ayer, Cirio Quispe, en rueda de prensa, criticó los procesos que se iniciaron en su contra y denunció un “complot político” gestado dentro de la organización de cocaleros y del MAS.
El suplente de la diputada Elizabeth Salguero negó haber firmado recibo alguno, y menos gestionado licencias, y dijo que los documentos presentados en su contra, donde firma y sella, eran todos falsos.
El Ministerio de Transparencia y la Dirección Nacional del MAS determinaron abrir causa contra Quispe, tras recibir los documentos del caso, en el que estarían involucrados la legisladora Salguero y el viceministro de la coca Gerónimo Meneses. Extremo que negó Quispe y decidió iniciar querella en contra de los cuatro campesinos de la comunidad Santa Rosa por falsedad material.
En el Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral mostraron la Resolución 248/08, que prohíbe extender nuevas autorizaciones para la venta al detalle del producto. Medida acatada disciplinadamente por las dos federaciones de comercializadores de hoja de coca que agrupan a más de 7.500 personas, quienes cada cinco años revalidan el documento.
Tres años que no emiten nuevas licencias
Hace tres años que el Viceministerio de la Hoja de Coca y Producción no emite o viabiliza licencias para comercialización de coca al detalle en el país.
Los ejecutivos de las federaciones nacionales del sector, Martín Cusi Cusi y Ronald Andrade, afirmaron que nadie puede tramitar licencias “sin aval de asociaciones y federaciones”, tal cual señala el artículo 15 del reglamento de comercialización.
Aunque reconocieron que de 1997 a 2002 se realizaron trámites de licencias “por debajo” para beneficiar sobre todo a productores.
Andrade, mostrando un panfleto pegado en la pared y puerta, dijo que “no existen licencias nuevas”. Recordó que en diciembre de 2008 y enero de 2009 hubo mucha gente que pretendió tramitar licencias.
“La Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) es la única que puede autorizar, mediante resolución, la entrega de nuevas licencias o su revalidación, nadie más”.
Martín Cusi, secretario de Hacienda de la Federación de Comerciantes de Hoja de Coca en Detalle de Bolivia, confirmó que existen 6.000 afiliados que se dedican a la comercialización hace 30 años y que en el presente periodo no se incrementó ni uno más.
Cusi explicó que la licencia autoriza al portador transportar diez taques de coca, 500 libras; mientras que los productores, gracias a una modificación en los reglamentos, sólo pueden llevar seis bultos, 300 libras.
La descompensación, presume, hace que dirigentes productores incurran en actos de corrupción y reciban dinero extra, desde 1.000 bolivianos. “Hay dirigentes que se han prestado a la corrupción, pero en nuestra federación existe un control estricto y velamos por las bases”.
De acuerdo con los datos, los productores de coca no acceden fácilmente a una licencia, y de cada asociación apenas uno o dos son los beneficiados con el documento y sólo seis días para comercializarlo en el interior del país.