Al no haber logrado el compromiso de la aprobación de una ley corta que les dé protección, los vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia deben decidir ahora si convocan a unas elecciones nacionales o solo parciales
Fuente: Brújula Digital
La Sala Plena del TSE decidirá en breve si acepta realizar las elecciones judiciales a nacional el 15 de diciembre próximo o solo en cuatro departamentos, como lo ordenó un polémico fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.
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Al no haber logrado el compromiso de la aprobación de una ley corta que les dé protección, los vocales del TSE deben decidir ahora si convocan a unas elecciones nacionales o solo parciales.
“El Tribunal, en su sala plena, debe adoptar una decisión entre hoy y mañana probablemente (…). Los vocales en general están analizando dos opciones, creo yo: el continuar con la elección de manera general, que sería la idea recogida de este encuentro y que inicialmente la planteamos a través de la presidencia, o llevar adelante el proceso judicial de manera restringida en los términos que ha establecido la sentencia constitucional 0770/2024”, dijo el presidente del organismo electoral, Oscar Hassenteufel, a Brújula Digital.
La sentencia mencionada, firmada el 4 de noviembre pasado ratifica la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando. Además, declaró también desierta la convocatoria para el TCP en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
Los vocales del Tribunal Supremo Electoral están obligados a cumplir con ese fallo, pero convocaron a una reunión nacional de representantes de los órganos del Estado y partidos políticos para intentar una decisión de consenso.
En esa reunión, realizada el lunes 11, todos los delegados apoyaron que el TSE realice los comicios judiciales en todo el país, contraviniendo así el fallo del TCP. Sin embargo, ello entraña un riesgo para los vocales, que serían pasibles de sufrir un juicio penal por incumplimiento de funciones y malversación de fondos.
Es por ello que el TSE propuso una ley corta para que se incluyan los vocales en la Ley 044, que establece juicio de responsabilidades y caso de corte por el ejercicio de funciones de otras altas autoridades. Eso quiere decir que no pueden ser enjuiciados penalmente. Pero ese aspecto no fue parte del acuerdo final.
En el documento que propuso el TSE el lunes había un párrafo referido a ese tema, pero que no obtuvo respaldo unánime de los actores políticos: “A fin de blindar las elecciones judiciales en las condiciones, alcance y plazos previstos, se viabilizará inmediatamente una ley corta que disponga la prosecución del proceso electoral judicial en su integridad”.
Sobre la ley corta, dijo Hassenteufel, “no es la condición para convocar a una elección integral, pero todos los vocales estarían más tranquilos si se aprueba”.
En la reunión con los actores políticos y estatales “creo que no se valoró adecuadamente y es que el Tribunal quería que se aprobara la ley corta, por eso habíamos ya remitido el proyecto a la Vicepresidencia. Esa ley corta constituye desde el punto de vista del Tribunal Electoral el blindaje necesario para que los vocales puedan adoptar la decisión sin tener ningún temor a nada”, dijo Hassenteufel a Brújula Digital.
En la reunión del lunes, los actores políticos se comprometieron a aprobar esa ley con la mayor celeridad posible.
“Es verdad que no tenemos como tribunal el blindaje frente a posibles acciones que se realicen en contra de los integrantes del tribunal electoral. Acciones penales que vayan por el hecho de no cumplir una sentencia constitucional o incluso, pensando en un asunto mucho más grave, posibles acusaciones de malversación”, agregó. BD/RPU
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