La fragmentación del MAS en dos facciones, evista y arcista, ha provocado que el gobierno de Luis Arce tome la decisión de “boicotear” a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no gobernar con el Órgano Legislativo.
Fuente: ANF
En el país estamos viviendo un modelo “autoritario” de cogobierno entre la administración de Luis Arce y los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, es “muy parecido a la experiencia venezolana”, afirmó el vocero del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), Manuel Morales.
“Es una acción autoritaria de gobernar entre Luis Arce y esta sala (cuarta) o estos magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional, esto nace a raíz de la división del Movimiento al Socialismo (MAS) que pierden el control de la Asamblea Legislativa”, explica en declaraciones a la ANF.
La fragmentación del MAS en dos facciones, evista y arcista, ha provocado que el gobierno de Luis Arce tome la decisión de “boicotear” a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y no gobernar con el Órgano Legislativo a través de leyes y lo hace a través de “esta forma creativa de gobernar con sentencias constitucionales que son irrevisables y vinculantes”.
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En los últimos 15 días, la Sala Cuarta del TCP conformada por Yván Espada y Gonzalo Hurtado emitió cuatro sentencias y autos constitucionales favorables al Gobierno y a los autoprorrogados, las que desconocen las facultades del Órgano Electoral Plurinacional, restringe los derechos a elegir a las autoridades judiciales, limita la reelección indefinida “discontinua” y termina desconociendo la presidencia de Evo Morales en el MAS.
Morales analiza que este modelo de cogobernar a través de la justicia constitucional se asemeja a la venezolana “Nicolás Maduro gobierna con la máxima instancia judicial y ha logrado -incluso- en las ultimas elecciones sobreponerse al Consejo Nacional Electoral, neutralizando a los opositores”.
Luego que el TCP desconoció el principio de preclusión pese a estar previsto en dos normativas, los actores políticos han advertido que de aquí en adelante se dejó en inseguridad jurídica los futuros procesos electorales, es decir que las próximas elecciones generales pueden estar en riesgo.
Considera que este modelo de gobernar es “inédito” en Bolivia, que nunca había sucedido, pero que también responde al agotamiento de un proyecto “político agotado” como es el Movimiento al Socialismo (MAS) lo que quedará reflejado en las elecciones generales de 2025.
“Por tanto, están optando por una alternativa no democrática para mantenerse o reproducirse en el gobierno y en el poder”, explica el también analista en temas políticos.
Desde el año pasado, las salas constitucionales han adquirido un “poder inusitado”, desde que el partido gobernante se dividió, un hito es la censura al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aunque posteriormente Luis Arce lo ratificó en su cargo.
Posteriormente una sala constitucional suspendió a la ALP sus facultades de interpelación, desde el año pasado el legislativo está prácticamente “mutilado” y no ha podido realizar ni una acción de interpelación a los ministros de Estado.
Posteriormente, el arcismo ha recurrido una y otra vez para desconocer las competencias del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, desconocer la sucesión constitucional y desconocer sesiones de la Asamblea Legislativa, por tanto se “sobrepone” al funcionamiento de uno de los órganos del Estado.
La situación fue descontrolada cuando los postulantes a las elecciones judiciales interpusieron un sin número de amparos constitucionales contra las comisiones mixtas de la ALP lo que frenó la preselección que debió dar paso a la elección de las autoridades en 2023.
Como no se eligieron a las autoridades judiciales y constitucionales, los magistrados del Tribunal Constitucional que estaban prácticamente de salida, mediante una Declaración Constitucional resolvieron ampliar su mandato sin fecha, hasta la elección de las nuevas autoridades que ha sufrido una serie de obstáculos.
Ampliaron su mandato pese a que la Constitución Política del Estado establece claramente que su mandato es de seis años, el que se cumplió a fines de diciembre de 2023. Este año, nuevamente las salas constitucionales y el TCP obstruyeron los comicios. Es más, la Sala Cuarta del TCP suspendió de manera parcial las elecciones judiciales, pese a que el Tribunal Supremo Electoral goza del principio de preclusión para dar seguridad jurídica a todos los procesos electorales.
Morales se lanza con una idea “osada” en términos teóricos y prácticos y plantea que el “MAS se ha apropiado del derecho», es decir el derecho como esa capacidad del Estado para generar leyes, textos constitucionales, sentencias constitucionales de cumplirlas, pisotearlas, no acatarlas”.
Además de tener el “control absoluto del Órgano Judicial (jueces y magistrados), fiscales, notarios, de las universidades, es decir es un avasallamiento del derecho para hacer lo que les da la gana». Es una forma muy moderna de autoritarismo”, dice a este medio de comunicación.