La empresa Kantutani, propietaria del Cementerio Los Andes, solicitó una auditoría técnica independiente para determinar las responsabilidades públicas y privadas en la mazamorra que afectó el sábado a Bajo Llojeta (La Paz).
Mazamorra en la zona de Bajo Llojeta. Foto: ABI
Fuente: Brújula Digital
La empresa Kantutani, propietaria del Cementerio Los Andes, solicitó una auditoría técnica independiente para determinar las responsabilidades públicas y privadas en los hechos ocurridos el pasado sábado en la zona de Bajo Llojeta, donde una mazamorra causó la muerte de una menor, dejó heridos y causó daños en viviendas.
“Kantutani afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite, de manera imparcial, los aspectos técnicos que pudieron haber incidido en el desenlace”, señaló la compañía a través de un comunicado.
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En su defensa, la empresa aclaró que los trabajos de estabilización realizados en el área contaron con conocimiento y supervisión previa de ambas municipalidades. “Los trabajos de estabilización fueron efectuados con el conocimiento de la alcaldía de Achocalla, que participó incluso en tareas previas de supervisión, de las que posteriormente también fue parte el municipio de La Paz”, aseguró.
Sobre la detención del arquitecto Luis Iturralde, propietario de la empresa, Kantutani reveló que este tenía programada una cita médica en Santiago de Chile, tras sufrir un accidente el martes 19 de noviembre, cuatro días antes de los hechos, desmintiendo cualquier intento de fuga.
“La empresa insistió en que solo una auditoría permitirá saber qué es lo que verdaderamente ocurrió y que esa respuesta, objetiva e independiente, es la que espera la población, en particular quienes sufrieron las consecuencias del desastre de Llojeta”, subrayó la empresa.
Por otro lado, los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Achocalla, Manuel Condori, afirmaron en conferencia de prensa conjunta que la inmobiliaria Kantutani no contaba con los permisos necesarios para ejecutar las tareas en el terreno donde ocurrió el desastre.
“Cuando nosotros le dijimos que por qué están moviendo tierras, la empresa argumentó que tenía permiso de Achocalla. Hemos ido a cotejar ayer y hoy, y no hay tal permiso de Achocalla, mucho menos del municipio de La Paz, y las advertencias fueron hechas”, aseguró Arias.
Hasta el lunes, la Alcaldía de La Paz asumía que Achocalla había otorgado el permiso para estas labores. Sin embargo, las autoridades locales concluyeron que se trató de un “movimiento ilegal de tierras” supuestamente autorizado por la comuna vecina.