La disposición séptima del anteproyecto de Presupuesto General del Estado 2025 faculta la confiscación o decomiso de productos. El viceministro Jorge Silva dice esta norma se aplica cuando haya agio y especulación.
Fuente: Brújula Digital
En el afán del control de precios, el anteproyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 contiene una disposición que faculta a “entidades competentes” el control, fiscalización y confiscación o decomiso de productos que personas que almacenen, retengan y pretendan encarecer los precios de los mismos.
Este aspecto fue admitido por el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien explicó que la figura de confiscación o decomiso se activa cuando la persona infractora cometa el delito de agio y especulación.
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Al respecto, la disposición adicional séptima del citado anteproyecto establece que: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Este aspecto fue cuestionado por el diputado Miguel Roca, quien sostuvo que con esta disposición, el Gobierno estará facultado para establecer precios, mientras que la persona que fije un precio diferentes, no tendrá seguridad para mantener su producto.
Esta disposición también fue cuestionada por el sector gremial, debido a que temen que el Estado decomise sus productos. En ese sentido, Lilian Yucra, dirigente de la Confederación Nacional de Gremialistas, dijo que hay “un rechazo total” a esta disposición.
Yucra, en declaraciones a Unitel, advirtió que en su sector ya no hay “garantía” con esa disposición del anteproyecto del PGE 2025, por lo que no descartó la posibilidad de presentar un amparo constitucional, como medida de defensa.
“Es innecesaria la preocupación de gremialistas por cuanto esta disposición se activa cuando se comete el delito de agio y especulación. ¿Qué sucede actualmente? que cuando hay agio y especulación, esa producción, esos productos no se sabe qué suerte o destino tienen, en la mayoría de los casos se ha destruido, en otros casos se ha perdido y esta disposición pues respalda a que una vez que se cometa el delito de agio de especulación, esa producción se puede confiscar, se puede comisar y se puede entregar al mercado a precio justo. Además, estamos hablando de alimentos esenciales”, declaró Silva.
La autoridad gubernamental no descartó la posibilidad de convocar a una reunión al sector de gremialistas para que tenga una explicación del alcance de esta disposición.
El proyecto del PGE 2025 se encuentra en consideración en la Cámara de Diputados, instancia que lleva adelante una socialización del contenido de este anteproyecto de norma.
BD/JJC