El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, solicitó mediante nota a su par del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, que “se de curso a las gestiones técnicas, legales y normativas para la desafectación.
Fuente: ANF
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) denunció que el Gobierno central pretende abrir o “desmovilizar” la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde de la Amazonía que protege su vocación forestal, para permitir el ingreso de nuevos asentamientos y de actividades de deforestación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Para nosotros como pueblos indígenas es una amenaza a la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde, nos preocupa que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras solicita al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que realice un análisis para desmovilizar la reserva forestal, esto genera gran preocupación entre las comunidades”, informó Lino Ilimuri, vicepresidente del Cpilap a la ANF.
La reserva ha sido creada mediante Decreto Supremo 23022, en diciembre de 1991, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. En la parte considerativa la norma señala que “se cuenta con los estudios pertinentes en materia forestal y de suelos, que establecen la clara vocación de uso forestal de las tierras de la provincia Iturralde, departamento de La Paz”.
Asimismo, prohíbe “toda otorgación o concesión de tierras con fines agropecuarios o colonización, en las áreas clasificadas por el presente decreto supremo”, además de otras disposiciones que protegen la vocación forestal de toda esa área.
Sin embargo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, solicitó mediante nota a su par del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer que “se de curso a las gestiones técnicas, legales y normativas para la desafectación del área 1, área 2 y área 3 ubicadas en el municipio de Ixiamas.
La nota del ministro Flores es del 14 de noviembre de este año, precisa que las áreas anteriormente mencionadas en el municipio de Ixiamas, provincia Abel Iturralde, en La Paz, fueron identificadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al interior de la Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde.
Ilimuri observa que el justificativo de ese ministerio para “desmovilizar” la reserva es “generar un polo de desarrollo económico y agrícola sobre la base de su potencial productivo”, sin embargo, este objetivo pretende ser alcanzado a costa de los derechos de los pueblos indígenas que habitan esa zona y a costa de la biodiversidad de la reserva.
El vicepresidente del Cpilap mencionó que el objetivo del decreto 23022 es proteger una de las “áreas más importantes de la Amazonía boliviana”, además de prohibir la titulación o concesión de tierras con fines agropecuarios y de colonización, lo que quedaría vulnerado si el Ministerio de Medio Ambiente y Agua da curso a la solicitud de su par de Desarrollo Rural y Tierras.
Aseguró que gracias a esta normativa la región ha conservado su cobertura boscosa “hasta ahora intacta”, incluso es uno de los ecosistemas más conservados del país, pretender la “desafectación” de esas tres áreas “a nosotros realmente nos preocupa” porque va a poner en riesgo la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas, reiteró Ilimuri.
“Realmente vemos con mucha preocupación que el Gobierno pretenda avanzar en este proceso de llevar a cabo, además, sin una consulta previa libre e informada que hemos exigido y que es un mecanismo constitucionalizado a favor de los pueblos indígenas. Es una vulneración directa a los derechos de los pueblos indígenas”, expresó a esta agencia el dirigente.
Lamentó que las autoridades antes de hacer este tipo de peticiones no dialoguen con las comunidades de la zona, para intercambiar criterios acerca del impacto, las consecuencias: Solo “sabemos que hay más de 30 o 35 comunidades de otras organizaciones que estarían ingresando o pretendiendo asentarse en esta reserva, eso es muy preocupante”, reiteró.
Precisó que los que cuidan los ojos de agua, los ríos, las áreas protegidas y que están permanentemente luchando por la conservación del hábitat natural son los indígenas, a diferencia de otros grupos sociales cuyo único interés es la explotación de la tierra, de los ríos, de los bosques, entre otros.
Mencionó que este año como nunca se ha sentido la sequía, que cada vez es más alarmante que se sequen los ojos de agua, los arroyos, los ríos. “En un futuro se nos avecina una situación catastrófica, con el tiempo nuestros ojos de agua ni siquiera ya van a existir, los ríos van a dejar de correr por la deforestación”, advirtió Ilimuri.
Criticó el avance de la deforestación sin tomar en cuenta las consecuencias para la vida, hoy, y mucho peor para el futuro. Comentó que la intención de retirar la “inmovilización” de la reserva preocupa a todos como a las poblaciones de Ixiamas, al Consejo Indígena del Pueblo Tacana, el pueblo Araona, los pobladores de Tacana II, al igual que el impacto a los “hermanos no contactados”, sostuvo.
Ilimuri anunció que analizarán esta pretensión que tiene el gobierno, incluso no descartó una convocatoria a una comisión departamental de emergencia para evaluar estos temas
No queremos obstruir el desarrollo
Ilimuri precisó que el objetivo de los pueblos indígenas no es obstruir el desarrollo, pero que no se puede entender el desarrollo afectando el medioambiente o vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. “No podemos cambiar la vocación productiva de la Amazonía”, advirtió el vicepresidente del Cpilap.
Demandó al Gobierno revisar su visión de desarrollo, que hasta ahora permite -por ejemplo- la explotación ilegal de oro, que pese a una orden judicial de prohibición de esta actividad ilegal, la misma continua, con las consecuencias para las comunidades indígenas y campesinas en particular.
