Este 1 de diciembre se cumplen dos años desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, emitiera su fallo sobre la controversia planteada por Chile en torno al “estado y uso de las aguas del Silala”. Sin embargo, Bolivia sigue sin implementar acciones concretas para responder al fallo, mientras los 160 litros por segundo de este recurso transfronterizo continúan fluyendo hacia Chile, sin que exista un intento serio, ni siquiera un proyecto en borrador, para aprovechar estas aguas en beneficio de Potosí.
El Silala es un sistema hídrico compuesto por aguas superficiales y subterráneas que se originan en manantiales ubicados en los humedales Sur (Orientales) y Norte (Cajones) del departamento de Potosí, Bolivia, que fluyen hacia Chile. Estas aguas, situadas a una altitud de 4.300 metros sobre el nivel del mar, están conformadas por aguas fósiles con una antigüedad superior a los 10 mil años, según los estudios técnicos.
La historia del Silala se remonta a más de un siglo de concesiones y desaciertos. En 1906, Bolivia otorgó la primera concesión de estas aguas a la Antofagasta (Chile) and Bolivia Railway Company Limited, y en 1908 se formalizó su uso para abastecer las locomotoras de vapor del ferrocarril Antofagasta-La Paz. Lo que comenzó como un acuerdo funcional pronto derivó en una secuencia de decisiones erradas y abandonos gubernamentales.
En la etapa contemporánea, la disputa en la CIJ definió al Silala como un curso de agua internacional, en el marco del derecho consuetudinario que es un conjunto de normas y prácticas derivadas de la costumbre que adquieren fuerza jurídica. Sin embargo, más que el fallo en sí, preocupa la mirada hacia adelante, en la que es notoria la ausencia de iniciativas para hacer valer los intereses bolivianos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
¿Desmantelar los canales?
Bolivia tiene en sus manos la decisión de desmantelar los canales que mejoran el flujo de las aguas del Silala hacia Chile. Un mandato así, sin embargo, requiere un plan coherente que no cause daño significativo al otro Estado ribereño y la voluntad política del Gobierno para ejecutarlo.
La primera contrademanda que Bolivia interpuso ante la CIJ buscaba confirmar ese derecho soberano de construir, mantener o desmantelar la infraestructura de canales en territorio nacional. Al no encontrar rechazo por parte de Chile, la Corte declaró sin objeto esta reconvención, un fallo que se ha interpretado como un asentimiento implícito para ejecutar ese derecho.
Esta es precisamente una de las tres estrategias que la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar) ha planteado a la canciller Celinda Sosa, pero que hasta ahora no ha tenido respuesta.
La comunicación entre Diremar y la Cancillería es deficiente y está marcada por un absurdo desencuentro institucional. Tanto es así, que en las altas esferas políticas se cuestiona la continuidad de estas oficinas. En una reunión interinstitucional este año, convocada por Diremar para abordar el tema Silala, emergieron desacuerdos con Cancillería por los roles a cumplir, que frenaron el avance.
Fuentes próximas al Ministerio de Relaciones Exteriores aseguran que las tres estrategias o escenarios presentados por Diremar hace casi un año permanecen virtualmente archivados. Los funcionarios de Diremar tampoco participaron activamente en las últimas reuniones bilaterales con Chile sobre recursos hídricos binacionales. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que técnicamente debería liderar un eventual proceso de desmantelamiento y restauración, tampoco se ha emitido ninguna señal.
El desmantelamiento de los canales debe ser ejecutado cuidadosamente para dar curso posterior a la restauración de los bofedales, dado que el Silala es un sitio protegido por la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional. Según las conclusiones de una misión Ramsar, previa al fallo de 2022, se recomendó priorizar acciones inmediatas de mitigación y un programa de restauración. Es una tarea que puede llevar varios años y un alto costo que aún no se ha calculado.
Las tres propuestas de Diremar
Diremar presentó el año pasado tres estrategias, propuestas o escenarios:
1. Efectivizar los derechos soberanos sobre el Silala. Este planteamiento incluye la restauración de los bofedales después del desmantelamiento de los canales. Según el Instituto de Hidráulica Danés (DHI), institución contratada por Bolivia, el flujo de agua sin los canales podría reducirse entre un 11% y un 30%, aunque Chile sostiene que la disminución sería mínima (entre 1% y 3%).
2. Manejo integral de las aguas compartidas. Esta propuesta incluye un enfoque conjunto sobre el Silala, el Lauca y otros recursos hídricos compartidos. La absurda falta de coordinación entre instituciones ha frenado su posible discusión.
3. Gobernanza integral de las aguas. Basada en modelos internacionales de cooperación que hoy son la línea de manejo de recursos compartidos, esta estrategia puede encaminarse hacia un acuerdo mutuamente beneficioso. También puede ser el inicio de un giro en las relaciones con Chile, estancadas por casi medio siglo.
Los tropiezos
Aunque es esencial mirar hacia el futuro, no se puede avanzar sin revisar los errores del pasado y en esto hay dos desaciertos especialmente graves:
1. La negación inicial de la naturaleza internacional del Silala.
Durante los mandatos de David Choquehuanca y Juan Carlos Alurralde en la Cancillería, Bolivia insistió en que el Silala no era un curso de agua internacional, posición que carecía de sustento técnico y que debilitó la seriedad de la defensa boliviana ante la CIJ.
2. La soberbia de Evo Morales.
En 2016, el entonces presidente Morales afirmó que el flujo hacia Chile era controlable y exclusivo de Bolivia, contradiciendo estudios técnicos que mostraban el carácter transfronterizo del Silala. Ese mismo año, en marzo, amenazó a Chile con un juicio ante la CIJ. En respuesta, el entonces canciller de Chile, Heraldo Muñoz viajó secretamente al Silala, contrató un equipo de expertos y en menos de tres meses se adelantó a Bolivia e interpuso la demanda por las aguas del Silala.
Gastos y una omisión censurable
A dos años del fallo, sigue siendo imprescindible esclarecer y transparentar los gastos asociados al proceso, incluidos los costos de los estudios técnicos internacionales. Igualmente, es prioritario identificar responsabilidades por la inacción de Bolivia en 2019, cuando Chile propuso retirar el juicio bajo términos que, en esencia, coincidieron con los resultados posteriores del fallo.
¿Quién decidió ignorar la nota enviada por la entonces vicecanciller chilena Carolina Valdivia a su par boliviana Carmen Almendras? Responder a esta pregunta es imperativo, no solo por el impacto económico que pudo haberse evitado, sino por las oportunidades perdidas para Potosí y Bolivia.
Acciones en el Silala
En el último tiempo y sin una dirección de Cancillería, Diremar ha empleado sus esfuerzos en realizar trabajos de monitoreo en la zona del Silala, tanto para verificar el flujo del agua que escurre a Chile, como para evitar que los comunarios de la región realicen acciones no autorizadas contra los canales de drenaje.
En ese trabajo que se realiza en el lugar, lo único visible y poco relevante fue el pasteo de camélidos cerca de los bofedales, una rutina habitual que se ha realizado antes, durante y después del juicio por las aguas del Silala.
Un nuevo tiempo
En las últimas semanas, Bolivia y Chile han reanudado un diálogo que abarca diversos temas de su extensa agenda bilateral, destacando el tratamiento de los recursos hídricos transfronterizos. Estos cursos, que atraviesan la frontera común en cerca de una veintena de puntos, representan tanto un desafío como una oportunidad para ambos países. La próxima reunión, prevista para inicios de diciembre, despierta expectativas, aunque el silencio sobre los temas a tratar —excluyendo Silala y Lauca— deja espacio para especulaciones y estrategias aún no reveladas.
Mientras tanto, Chile avanza con paso firme en su propia agenda hídrica, respaldada por un financiamiento del Banco Mundial de 250 millones de dólares para su ambicioso “Programa de Transición Hídrica Justa”. Este proyecto, que busca enfrentar el estrés hídrico hasta el año 2029, combina objetivos ambientales, sociales y económicos, planteando un modelo de gobernanza que Bolivia podría observar con interés en esta etapa de aproximación.
La historia entre Bolivia y Chile está marcada por desencuentros que han modelado décadas de desconfianza. Desde las primeras disputas tras la fundación de las repúblicas, pasando por la Guerra del Pacífico, hasta los litigios en la Corte Internacional de Justicia, el camino conjunto ha sido sinuoso. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de diálogo ha encontrado instantes de luz, y la CIJ, con todo y sus estrictos estándares, dejó una puerta abierta: la negociación en el marco de la buena vecindad.
El caso del Silala simboliza las complejidades de este vínculo. Más allá de los derechos que cada nación defiende, el fallo de la CIJ no resolvió todos los aspectos técnicos que implican estas aguas compartidas. Queda, por tanto, un espacio por llenar, uno donde las mesas de negociación podrían transformarse en puentes. Pero para que esto ocurra, ambos países deben desprenderse de viejos recelos y apostar por un diálogo que no busque ganancias inmediatas.
Tal vez, en este nuevo ejercicio de gobernanza compartida, se vislumbra un tiempo distinto. Un tiempo donde Bolivia y Chile puedan, al fin, sentarse como vecinos que miran hacia adelante, sin las sombras de su pasado.