Fuente: Visión 360
¡Mi casa! ¡Mi casa!… Se oye gritar a un hombre en medio de la quebrada que flanquea al río Pasa Jahuira de Bajo Llojeta, en La Paz. Hace días, una mazamorra cubrió su domicilio junto a otras más de 30 infraestructuras del barrio Santa Cecilia, algunas levantadas hace 30 años y otras en plena construcción.
“¿Por qué a nosotros?, estamos años y nunca había pasado”, se cuestiona otro propietario, mientras se remanga los pantalones para tratar de llegar, por en medio del lodo, a la casa que hasta hace una semana era su hogar.
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Su pregunta abre un gran listado de respuestas. Algunos vecinos apuntan a los trabajos de un cementerio en la parte alta, esta instancia afirma que hubo un taponamiento del embovedado por falta de prevención edil; las autoridades dicen que hay un problema de límites que da pie a construcciones ilegales, y los expertos hablan de una alta inestabilidad en la zona y la falta de prevención y fiscalización.
Todas juntas parecen una receta perfecta para el desastre que el pasado 23 de noviembre segó la vida de una niña y que amenaza con repetirse, si no se toman las medidas necesarias. Para los afectados, ninguna podrá calmar su pena.
Llojeta, la que “se hunde”
De acuerdo con la Alcaldía de La Paz, a lo largo del kilómetro y medio del río que recibió la mazamorra, se tienen más de 30 edificaciones. Todas quedaron en un estado de precariedad.
“Toda esta zona siempre ha sido inestable, la tierra se hunde, se lava con el agua, parece jaboncillo…. No es apto para esas grandes construcciones”, sostiene Alicia, vecina del Rosario, en la parte alta de Santa Cecilia.
Vivió en diferentes barrios de Llojeta, desde que tiene uso de razón. Ahí vivieron sus padres y dice que también sus abuelos, cuando eran pongos de alguna hacienda del lugar.
Según dice, Llojeta viene de un vocablo aymara que se usa para describir a lo que no tiene consistencia, a lo que se hunde… a lo que se deshace.
“Llojeta posee unos suelos limo-arcillosos, que no son los mejores ni aptos para construir. Si se decide levantar una construcción, se necesitan ingenieros que tomen todas las medidas de seguridad en las fundaciones. Hay un mapa que considera esta zona como de riesgo”, explica el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental La Paz, Raúl Daza.
El documento al que hace referencia es el “Mapa de riesgos de la ciudad de La Paz”, que data de 2011. El estudio, que se anunció está siendo actualizado, toma en cuenta no solo factores geológicos, sino también los económicos y sociales, además de las amenazas y las vulnerabilidades.
El cruce de todas estas variables dio como resultado la identificación de 36 zonas de “Muy Alto Riesgo”, que deben ser sujetas a un seguimiento exhaustivo y permanente. Llojeta y sus subdivisiones están dentro de esta categoría.
Sin embargo, entre los farallones típicos de Llojeta, las edificaciones se amontonan unas a otras, desplegando largas tuberías que descargan sus aguas residuales a las quebradas, al río, o incluso a otras urbanizaciones que se encuentren más abajo.
“Mire, allá arriba están construyendo. El camión está botando tierra, eso más los desagües se juntan en las casas de acá abajo. La lluvia arrastra todo hasta el río y a las casas de más abajo. Puede haber más problemas”, lamenta doña Alicia.
La ilegalidad como norma
El secretario municipal de Planificación de La Paz, Diego Chávez, afirma que de las 30 casas afectadas por la mazamorra, en Bajo Llojeta, ninguna tenía autorización para construir.
“Los predios de la parte baja, donde se ha dado este movimiento en masa, no tienen ningún tipo de permiso de construcción. Este lugar es un área no edificable, está destinada a áreas verdes, forestales y de preservación del patrimonio natural. Solo uno tiene registro catastral de 2023, dado por Derechos Reales, por un proceso de usucapión. Los demás son asentamientos sin ninguna documentación”, explica Chávez.
Cubierta de barro, Mariela Callisaya no puede evitar llorar. Mientras se prepara para volver a lo que queda de su domicilio, sostiene que no ha visto los documentos del resto de los afectados, pero que ella sí cuenta con folio, catastro y los comprobantes de que tributa al municipio de La Paz, desde hace 13 años.
“Es todo mi patrimonio, con mi esposo hemos trabajado día y noche para construir, para tener todo legal. Tengo todo, es lo que más me duele”, sostiene.
Específicamente, Bajo Llojeta tiene el 73% de su territorio calificado como de alto riesgo. Es decir que las construcciones no deberían permitirse en linderos de río y las existentes -en áreas menos inestables- no deberían ser mayores a las dos plantas, según la Ley de Uso de Suelos (Lusu).
Sin embargo, el crecimiento urbano hizo que toda esta zona se vaya poblando a contrarreloj, con construcciones de cinco, siete y hasta nueve pisos. Una gran parte son construcciones nuevas, que están en pleno desarrollo y que dejan los machones al descubierto en muestra de que seguirán avanzando hacia el cielo. Ni la norma ni los funcionarios ediles pueden frenarlas.
En estos casos, la frase “mejor pedir perdón que permiso”, parece ser la regla. Se construye sin autorización edil para que una vez terminada la obra, entren a la regularización. En zonas con problemas de límites, los propietarios optan por acudir al municipio que les permita construir sin control.
Y es que la permisividad es un impulsor de la ilegalidad. En 2022 la aprobación de la Ordenanza Municipal 046 causó una gran expectativa. Esta proponía modificar los límites de la Lusu para que en 10 puntos de la urbe se permitiera construir hasta 40 pisos. Entre las zonas en las que se modificaría el límite estaba Llojeta.
Entre el lodo, los habitantes de Santa Cecilia, ahora cubierta de greda, rescatan sus pertenencias. Ante la presencia de periodistas que preguntan por su situación, buscan los documentos que demuestren su legalidad o al menos que su permanencia en el sitio no es reciente.
Sin límites claros
“Al momento de recaudar impuestos todos son responsables de un territorio, pero cuando viene el desastre ya no está en su jurisdicción”, lamenta una de las damnificadas mientras ayuda al acopio de víveres para la olla común de los afectados.
Tras la tragedia, el alcalde de La Paz, Iván Arias, asegura que la mazamorra se dio por el movimiento ilegal de tierras en predios del cementerio Los Andes, en la parte alta de Llojeta. Esa área es la que el municipio de Achocalla reclama como suya.
Afirma que aunque en distintas oportunidades se notificó sobre la irregularidad en las obras, la empresa se escudaba en tener el permiso del municipio de Achocalla. Pero los documentos no son el todo claros.
El cementerio cuenta con una licencia ambiental de la Gobernación del departamento de La Paz, en la que se indica que el predio pertenece al municipio de La Paz. Sin embargo, la empresa, como inmobiliaria Kantutani y no como cementerio Los Andes, tiene un registro en Achocalla.
Al verse apuntado, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, sostiene que no tiene responsabilidad y que la jurisdicción era de La Paz. Explica que fue recién este año que la empresa solicitó su cambio de jurisdicción.
En Llojeta, un gran arco -instalado recientemente- marca el punto en el que Achocalla dice que empieza su territorio. Justo al inicio del puente que hace el ingreso al cementerio Los Andes.
Ante este panorama, Arias sostiene que es necesario llegar a un acuerdo entre los municipios en conflicto, porque las áreas peleadas -además de Llojeta- son zonas de alto riesgo. Sostiene que sin hablar del tema de límites, hasta que estos se solucionen, es necesario que en las áreas en conflicto se aborden estos temas bajo una misma norma, ya sea que la haga uno u otro municipio.
“El problema es que en La Paz tenemos una normativa que toma en cuenta y respeta el tema de riesgos, pero los otros municipios no. Los constructores se van a la Alcaldía que no tiene esta ley y ahí sacan muy fácil su autorización, poniendo en riesgo a toda la población”, afirma el burgomaestre paceño.
No es la primera vez
Al recorrer Llojeta es imposible no encontrar señales de un terreno que está vivo y en constante movimiento, acelerado por la intervención del hombre. Entre los farallones se abren planicies divididas en plataformas. Allí mismo se ven pequeños y constantes deslizamientos.
En 2019, también en Bajo Llojeta, un megadeslizamiento afectó a todo el barrio Inmaculada Concepción. 64 viviendas colapsaron y 80 familias, que sumaban 380 personas, quedaron damnificadas.
El terreno era parte de un relleno sanitario antiguo, que con el tiempo se deslizó. Todos lo sabían, pero de todas formas los vecinos construyeron y las autoridades lo permitieron. Igual que en 2024 en El Rosal o en 2022, en Ventanani.
“En Santa Cecilia ya se han sacado 50 mil toneladas de material, eso no se mueve en un día, se estuvo acumulando y moviendo por tiempo. Más allá de quién lo autorice, es lo que se hizo para frenarlo. Es difícil fiscalizar, pero tampoco se hizo prevención y lo decimos desde hace semanas, La Paz no está lista para las lluvias, como tampoco lo estuvo el año pasado”, asevera Daza.
“Las construcciones proliferaron mucho antes de que la urbanización pudiera ser planificada. Al ser una ciudad tan compleja en su dinámica externa y susceptible de deslizamientos y derrumbes, mucha gente quedó expuesta. A esto se llama la construcción del social riesgo”, explica la ingeniera geóloga y especialista en gestión de riesgos, Solangel Murillo.
Esto hace que los paceños estén acostumbrados a vivir sobre estos fenómenos y contribuyen al problema. Y es que la cultura de riesgo no solo se ocupa de datos o de estudios técnicos, sino de la educación, de conocer las amenazas y de buscar asesoramiento para construir de forma segura.
Al llegar al barrio Santa Cecilia es inevitable notar que las casas afectadas están en la base de la quebrada, en lo que es el lecho del río. La población crece, rellenando y embovedando ríos como si esto fuera lo natural, sin pensar que la naturaleza es indomable y que en algún momento el río volverá a reclamar espacio, arrastrará consigo todo a su paso y no estaremos listos para ello.
