Una deuda de 20.000 bolivianos registrada en la Contraloría, un cliente sentenciado, la dirección de su oficina y extractos del registro de llamadas son los cuatro elementos, que desmienten las declaraciones que dieron el exsubprocurador del Estado, Juan Clemor, y el fiscal Eduardo Sossa, en el marco de la investigación del proceso por uso indebido de influencias, por el cual se enjuiciará al primero.
Visión 360 solicitó la versión del fiscal Sossa ante la unidad de Comunicación de la Fiscalía, pero no hubo respuesta. Además, también se trató de hablar con Clemor y sus abogados, pero el primero ya no atiende llamadas ni mensajes de celular y un jurista que firmó uno de los memoriales dijo que solo fue un colaborardor temporal.
Deuda
“No guardo ningún tipo de relación con el susodicho”, fue la escueta respuesta que dio el fiscal de materia, Eduardo Sossa, cuando el investigador policial le preguntó sobre cuál era su relación con el exsubprocurador Clemor.
A su vez, en el acta de declaración de Clemor, aunque este admitió conocer a Sossa minimizó sus nexos: “Sí lo conozco de los abogados del foro paceño, y lo llegué a conocer en un proceso donde él asesoraba a una parte contraria”.
No obstante, en el pliego de acusación que la Fiscalía emitió el pasado 6 de diciembre, en contra de Clemor, por uso indebido de influencias, se revelan que ambos tenían una relación laboral mucho más amplia.
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“Sin embargo, de forma contradictoria, Juan Clemor, en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de las gestiones 2022 y 2023 (mientras ocupaba el cargo de Suprocurador, en la gestión del abogado del MAS y de Evo Morales, Wilfredo Chávez), por actualización durante el ejercicio del cargo, declara tener deudas con Eduardo Sossa por Bs 20.000, elementos con los cuales se prueba la relación cercana que tenían los mismos”, señala parte de la acusación.
Cliente sentenciado
El exsubprocurador fue denunciado por la Procuraduría en enero de este año, durante la gestión de César Siles. La demanda señala que Clemor usó sus influencias como autoridad e instruyó a funcionarios de esa cartera de Estado para favorecer a su tío político, Luis Calzadilla. Este último fue sentenciado en 2023 por hacer una denuncia falsa, en 2016, contra su expareja Linda Aduén, a la que señaló por robar un auto que les pertenecía a ambos; la mujer ahora figura como víctima dentro este proceso iniciado por Siles.
Según la versión de Aduén, en complicidad de policías, jueces y fiscales —varios de lo cules luego pasaron a trabajar en la Procuraduría—, Calzadilla y varios abogados liderados por Clemor le iniciaron 17 procesos y sufrió persecución judicial por siete años. Durante ese tiempo, fue testigo y víctima de los juristas que presentaban memoriales, denigrándola y señalando versiones falsas.
Fue así que conoció que unos de los abogados particulares, empleados por el tío de Clemor, era Sossa.
Dirección de la oficina
Aduén declaró tener certeza de que todos los abogados que fueron parte en los procesos que le iniciaron eran dirigidos por Clemor, debido a que durante estos años todos ellos señalaron como dirección de su oficina, el Penthouse ubicado en el piso 12 del edificio Ugarte de Ingenieros, lugar donde funciona el bufete de abogados de Clemor y del ex Procurador del Estado, Chávez, además de la esposa de este, la jueza Vanessa Miramendy.
Además, en la acusación se menciona que los administradores del edificio señalan como ocupantes de esas oficinas a Chávez, Clemor y Sossa, este último se hacía cargo del pago de servicio de mantenimiento.
Llamadas
Otro elemento que devela la estrecha relación que Sossa y Clemor mantuvieron es el extracto de llamadas que se adjuntó como parte de las pruebas documentales.
“La empresa de telefonía Tigo registra diversas llamadas entre Juan Clemor y el número de celular que resulta ser el número de Sossa a momento de prestar su declaración informativa, haciendo un total de 20 llamadas que datan de la gestión 2020 – 2021”, cita la acusación.
Pese a los elementos y la descripción de los hechos, la fiscal del caso, Odalís Peñaranda, solo emitió la acusación contra Clemor, para quien pidió seis años de cárcel y la inhabilitación de este para que no vuelva a asumir ningún cargo en el Estado.
Además de Sossa, entre los abogados implicados en la denuncia de la Procuraduría están, Norka Guadalupe Taboada Zapata, Lourdes Fabiola Rivera Silva, Edson Rodrigo Tola Coari y Raúl Marcelo Arrieta García, los tres últimos, además de trabajar en las oficinas de Chávez, luego asumieron cargos en la Procuraduría del Estado, junto a él.