Fuente: ANF
La Paz. – La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y defensores de la comunidad Tres Marías del municipio de Yanacachi, en La Paz, exigen el cese inmediato a la persecución judicial y la liberación del productor de flores, César Condori, detenido por supuesto avasallamiento a predios mineros.
“Cese inmediato de la persecución judicial contra los defensores ambientales de Tres Marías y liberación de nuestro hermano César Condori, respetando su derecho a defenderse en libertad”, dice el comunicado de la Contiocap.
La semana pasada, la fiscalía de Coroico y la policía aprehendió a César Condori, floricultor de la comunidad Tres Marías y un juez determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa.
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Esa investigación se abrió a sola denuncia del representante legal de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani que se asentó en esa región, donde los pobladores tienen sus cultivos de flores, hortalizas y otros productos que les sirve para subsistir.
A la vez, la Contiocap y la comunidad demandan que se realice una investigación independiente sobre las irregularidades del Ministerio Público y el Órgano Judicial en este caso, así como la verificación y acciones por parte de las autoridades del Ejecutivo.
“A las autoridades de la AJAM, ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gobernación de La Paz, asambleístas departamentales y otros, en el marco de sus funciones, les instamos a hacer visitas de investigación y verificación de las tremendas injusticias y arbitrariedades que los mineros auríferos están cometiendo en el municipio de Yanacachi, atentando contra nuestras fuentes de agua, nuestros territorios destinados a la producción agrícola y pecuaria sostenibles”, dice otra de las peticiones.
Asimismo, piden una revisión exhaustiva a la Ley 535 de Minería sobre todo a los artículos que otorgan privilegios exclusivos a los mineros sobre los derechos pre constituidos, el cual los exime de realizar la consulta previa a las comunidades afectadas.
“Pedimos al pueblo boliviano a solidarizarse con esta causa y exigir justicia. Nuestra tierra es nuestro hogar, y protegerla es responsabilidad de todos. Que este llamado sea un recordatorio de que nuestra unión y determinación son más fuertes que cualquier interés económico o político que pretenda destruir nuestro futuro”, dice otra parte de la nota.
A la vez, denunciaron que los cooperativistas mineros invadieron su territorio desde 2010 y desde entonces afectaron a las áreas de cultivo, fuentes de agua y apertura de caminos que han ocasionado el deslizamiento de tierra que cobró la vida de varios pobladores.
“A partir del 2022 venimos sufriendo procesos judiciales por estos mineros auríferos que nos difaman de ser «avasalladores» de sus áreas mineras porque el 2013 el Estado, ilegalmente, les ha concesionado áreas mineras sobre nuestro territorio colectivo comunal y privados de quienes habitamos estas tierras desde inicios de los años 1980”, precisa el comunicado.
En ese contexto, indicaron que los cooperativistas crearon una comunidad ficticia denominada «Ñekejahuira Cotapata» usando los antecedentes agrarios de las comunidades afectadas, pero ese sector solo es un campamento minero sirve como depósito de maquinaria pesada para minería.
“Lo grave es que estos abusos se comenten en complicidad con algunas autoridades, incluso de otro municipio como la alcaldesa de Coroico, asambleístas, concejales, policías, que les otorgan permisos para el ingreso de mineros que están devastando todas nuestras áreas de producción de flores”, dice otra parte del pronunciamiento.
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