Por Jorge Manuel Soruco Ruiz
Pese a que la jornada de votación podría considerarse un triunfo, por la población que cumplió su deber de acudir a votar y sin mayores incidentes, en realidad es vista por los juristas como un ejemplo más de la manipulación masista del sistema judicial. Asimismo, advierten que los resultados no resolverán nada y que, incluso, agravarán la crisis.
«Hay dos maneras de evaluar las elecciones. En la forma, es decir, en lo que se refiere a la realización del proceso, de la participación ciudadana -previa al conteo de resultados- se puede decir que fue una jornada electoral normal, hasta bien lograda. Pero, en el fondo, en lo que existe detrás del procedimiento, la figura es diferente, es un proceso que arrastra defectos que agravarán la crisis electoral”, consideró la jurista Kathia Saucedo.
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Para los especialistas, esta tercera elección judicial (las anteriores fueron en 2017 y 2011) solo confirma que el sistema impuesto por el Movimiento Al Socialismo es un fracaso. «Desde hace años que advertimos que la elección de magistrados mediante voto popular es un error. Entre varias razones está que la población no conoce, y no tiene cómo conocer, a los candidatos», explicó José Antonio Rivera.
Por su parte el expresidente y juez, Eduardo Rodríguez Beltzé, indicó que los magistrados que salgan elegidos de esta votación no serán legítimos. «Tenemos un rechazo generalizado a este sistema. Las autoridades ganadoras lo hacen con un porcentaje pequeño».
A esto se suma que, de por sí, es una elección irregular, con siete departamentos en los que no se elegirán magistrados para tribunales específicos, debido a las maniobras políticas y jurídicas. «En un sistema estable, se tendría planificado resolver este problema. Pero no estamos en sistema estable», recordó Rivera.
A esto se suma la permanencia de cinco de los denominados autoprorrogados. Saucedo recordó que las autoridades entrantes tendrán que convivir, y serán minoría, con sus cuestionados colegas.
«Se viene un caos jurídico, que no hay duda que fue planeado por el Gobierno, al que le conviene tener una justicia controlada», agregó.
Rodríguez manifestó que se necesita de un compromiso democrático entre oficialismo y oposición para poder modificar parcialmente la constitución y, así, comenzar a trabajar en resolver la crisis judicial.
«El problema va más allá de las elecciones en sí. Es una crisis institucional que debe ser resuelta entre todos», indicó.