España: Begoña Gómez, de nuevo ante el juez Peinado; las claves de su declaración por el software de la Complutense

Begoña Gómez, de nuevo ante el juez Juan Carlos Peinado. Este jueves, la esposa de Pedro Sánchez acude por tercera vez a los juzgados de Plaza de Castilla, en esta ocasión con motivo de los últimos dos delitos por los que la investiga el magistrado que dirige su caso. Todo gira en torno a la presunta apropiación indebida del software que tres empresas desarrollaron para crear una plataforma para la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además, según la querella que presentó la asociación Hazte Oír sobre este asunto, Gómez firmó los pliegos para la contratación de servicios de asistencia de una plataforma basada en dicho software, por lo que también se le investiga por un presunto delito de intrusismo laboral, ya que no estaría facultada para hacerlo. Su defensa esgrimió en un escrito aportado a la causa que lo hizo porque la Complutense se lo pidió -aportó unos correos para acreditarlo-, pero negó cualquier tipo de irregularidad.

La investigación por el software que desarrollaron Indra, Telefónica y Google ha llevado a la defensa de Gómez a solicitar las primeras diligencias desde que el pasado mes de febrero el juez Peinado comenzase la instrucción. Sin embargo, es una incógnita si la esposa de Pedro Sánchez declarará o se acogerá a su derecho a no hacerlo, opción por la que optó el pasado julio, cuando fue citada a declarar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que también la investiga. Antes, Peinado suspendió su primera declaración al alegar Gómez que no tenía conocimiento de los hechos que le imputaba.

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En el auto en el que el juez atribuía a Begoña Gómez los dos nuevos delitos, señalaba sobre el de apropiación indebida que la investigada “habría inscrito a su favor” el software que Google, Indra y Telefónica desarrollaron de forma altruista “siempre para” la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez, por lo que “evidentemente” esta conducta podría encajar en ese tipo penal. Indra reconoció a Peinado que pagó más de 128.000 euros en el desarrollo del software. El coste total de las tres empresas ascendió a unos 150.000 euros.

Peinado también atribuyó a Gómez un posible delito de intrusismo profesional. En su auto, explicaba que la esposa de Sánchez llevó “a cabo los actos consistentes en elaborar, redactando, los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación”, por parte del Rectorado de la Complutense, “del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa” llamada Transforma TSC, para la que se desarrolló el citado software.

El juez también puso de relieve que Begoña Gómez “no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente” para firmar los pliegos de prescripciones técnicas necesarios para la contratación de esos servicios de asistencia y asesoría de la plataforma. Esos pliegos incluían las “características de prestaciones, experiencia y requisitos profesionales para el potencial adjudicatario” de la licitación que, a juicio de Peinado, la investigada no podía “conocer científicamente”.

En su defensa, el abogado de Begoña Gómez aportó al juzgado varios correos enviados desde Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM a un conjunto de personas, entre ellas la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, sobre la licitación del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas relacionados con la plataforma de la cátedra extraordinaria. Uno de esos emails decía que “debe firmarlo” la esposa de Pedro Sánchez.

Este miércoles, además de Begoña Gómez, está citado como investigado Juan José Güemes, consejero en la época de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y actual directivo del Instituto de Empresa (IE). Güemes ya declaró el pasado 18 de noviembre ante el juez Peinado como testigo, si bien, apenas unos minutos después de empezar, el magistrado interrumpió su comparecencia para informarle de que cambiaba su condición procesal de testigo a imputado.

Lo hizo al apreciar contradicciones en sus explicaciones sobre la contratación de Begoña Gómez como responsable del instituto África Center, del IE; y después de que él negara haberla contratado por ser mujer del presidente del Gobierno.