El abogado defensor de los aprehendidos calificó la resolución como desproporcionada, carente de objetividad y sin la fundamentación necesaria.
Fuente: Red Uno
Ligia Portillo
Dos de los cuatro policías que prestaban declaración por el caso de la desaparición de 39 kilos de cocaína incautados en un operativo fueron aprehendidos y serán cautelados por el delito de concusión.
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La medida generó controversia, ya que el abogado defensor de los aprehendidos, Samuel Durán, calificó la resolución como desproporcionada, carente de objetividad y sin la fundamentación necesaria.
Durán cuestionó que se haya procedido a la aprehensión de dos de los policías mientras que los otros dos fueron liberados, a pesar de que la documentación presentada es la misma en ambos casos. «No existe un solo elemento, fuera del testimonio de los detenidos en el caso de sustancias controladas, con el que se haya procedido a la aprehensión. Me parece que es vergonzosa la resolución y esperamos que el Juez de Control Jurisdiccional haga respetar el estado de derecho», sostuvo el abogado.
El caso tiene su origen en la desaparición de 39 de los 58 paquetes de cocaína incautados durante un operativo realizado en la zona de Quimome, municipio de San José de Chiquitos, en Santa Cruz.
Los policías aprehendidos, un teniente y un sargento jefe de patrulla e investigador del caso, son acusados de sustraer la sustancia ilícita durante el procedimiento. La desaparición de la sustancia controlada fue reportada luego del operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
El abogado de los uniformados destacó que se han vulnerado los derechos de sus defendidos, a quienes solicitará su libertad en la audiencia correspondiente. Por su parte, la Fiscal Milenka Rodas señaló que los investigados fueron identificados por varios testigos y que sus actuaciones están registradas en el cuaderno de investigación, lo que justifica la aprehensión. Los policías, según Rodas, hicieron uso de su derecho de abstenerse a declarar.
Los dos policías aprehendidos serán puestos a disposición de un Juez de Control Jurisdiccional en un plazo de 24 horas, según la normativa vigente. El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
