Fuente: Visión 360
En Bolivia, según el Senasag, solo existen dos albergues de animales domésticos legalmente registrados. El resto no cuenta con documentación alguna y suelen convertirse en centros de maltrato de perros y gatos que atentan contra la salud pública. Por estos motivos, en La Paz, hasta la fecha, el Ministerio Público ya realizó la intervención de cuatro de estos establecimientos, tres en el último año.
“Nosotros tenemos dos albergues registrados legalmente: Animales SOS (La Paz) y el Albergue para Canes Puro Corazón (Sucre). Hemos identificado y notificado a varios otros, pero hasta el momento no quieren registrarse, para no ser fiscalizados”, dijo el encargado departamental de Registro y Certificación Zoosanitaria del Senasag, Roberto León.
De acuerdo con la Ley 830 de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, el Senasag es la única entidad competente para fiscalizar y registrar este tipo de establecimientos. Ya sea que se dediquen a una actividad comercial o no comercial, los albergues están bajo su tuición, por el manejo de una gran cantidad de animales, que podrían convertirse en un foco de infección para varias enfermedades, como es la rabia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“En La Paz, todos los albergues son clandestinos, menos SOS y el de Silvia Paco (Adopta Amor) que hemos regularizado ante el Senasag. Tenemos albergues sobrepasados ​​en su capacidad, con 150 animales, y varios (de ellos) sin ninguna oportunidad de adopción. Los vemos pedir plata todo el tiempo en las redes sociales, pero los animales viven privados de todo tipo de condiciones”, afirmó al respecto la activista Susana del Carpio.
Pero la responsabilidad no es solo del Senasag. Desde su aprobación en 2009, la Constitución Política del Estado, en su artículo 302, establece que los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de proteger a los animales.
Asimismo, la Ley 700, de protección animal, aprobada el año 2015, obliga a las alcaldías a crear normativas ediles. En este marco, el municipio de La Paz tiene desde 2017 una ley de protección para perros y gatos.
4 albergues intervenidos
Solo en La Paz, hasta el momento, el Ministerio Público tuvo que intervenir cuatro de estos albergues clandestinos. Estos operativos se realizaron tras varias denuncias de tratos crueles, maltrato y biocidio.
Uno de los primeros casos se registró en 2022. Entonces se cerró el refugio “Ni una patita menos”, por denuncias sobre la condición en que tenía a los animales que rescataba. En este, como en los otros casos, se abrió un proceso judicial que terminó con la prohibición de que la persona responsable del albergue vuelva a estar a carga de otros animales.
En noviembre de 2023, después de años de denuncias, una orden fiscal permitió la intervención al albergue “Mis amores patitas”. En los predios se encontraron más de 30 cañas en condiciones insalubres.
Las primeras revisiones detectaron infecciones dérmicas, fracturas y hasta moquillo. Esta fue una de las intervenciones más polémicas, pues activistas animalistas instalaron vigilias en defensa de este albergue.
En este caso hay un proceso en curso que se encuentra en etapa de juicio oral. Hay dos imputaciones. En el caso no solo intervino el Ministerio Público, el operativo se realizó con presencia y verificación de la unidad competente del municipio y del Senasag, entidad que procedió a la clausura.
Aunque en la mayoría de los casos se trata de canes, a inicios de este año se tuvo un caso en el que los animales maltratados eran gatos. En febrero de este año, las persistentes denuncias lograron el allanamiento de una habitación en San Pedro.
Al interior había decenas de gatos que dormían entre sus desechos y no tenían comida. Las ventanas habían sido tapiadas y vivían las 24 horas en completa oscuridad. La rescatista, “Gaticueva”, era muy activa en las redes sociales, por medio de las cuales pedía donativos para la atención de los felinos. También cuenta con una imputación.
Uno de los casos que causó particular preocupación y encendió las alarmas sobre estos albergues fue el ocurrido el pasado 5 de diciembre. Ese día, la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma) allanó una vivienda de la zona Cotahuma. Al interior se encontraron 44 perros y felinos en muy malas condiciones.
Adicionalmente se hallaron 15 cadáveres de gatos, 11 de ellos estaban congelados y cuatro, en estado de descomposición. Según la directora de Pofoma, Rosmery Revollo, tras la aprehensión de la responsable, la mujer manifestó que rescataba a los animales de los lotes y las canchas, que solo los quería proteger, y admitió que no tenía recursos para sostener el lugar ni atender a los animales.
La Fiscalía estableció que existían riesgos procesales e indicios que señalaban a la mujer como autora del delito de biocidio, por lo que se determinó su detención preventiva.
La negativa a registrarse
Desde el Senasag, León explicó que hay una fuerte negativa de los albergues a registrarse. Entre las causas están evitar la fiscalización y evadir la obligatoriedad de contar con un regente veterinario.
“Para obtener el registro, hay cinco puntos, que no son difíciles de cumplir. Pero, hay uno que les causa cierto temor o rechazo, el de tener un regente veterinario que haga de supervisor y dé información de la situación sanitaria del albergue y de cada animal”, aseguró.
De acuerdo con el Capítulo 2.3 del Reglamento General de Sanidad Animal (Regensa), estos albergues están catalogados dentro de los 10 grupos de establecimientos veterinarios. Para el registro se establecieron cinco puntos, cada uno con sus propias especificaciones.
El punto uno se refiere a los documentos legales, por lo que se debe presentar: una carta de solicitud de registro del establecimiento, el formulario oficial de solicitud, la fotocopia de cédula de identidad del solicitante o poder legal del representante, número de identificación tributaria. – NIT y fotocopia de testimonio o poder de constitución (asociaciones).
En el segundo punto se solicita la información técnica de los establecimientos, como la lista del equipamiento por ambiente y la actividad específica a la que se destinará el establecimiento.
También, como tercer punto, se debe entregar el plano de distribución de ambientes y un croquis de ubicación.
Es en el cuarto punto en el que se encuentra la obligatoriedad de un responsable técnico. Este debe presentar la fotocopia de su cédula de identidad, un contrato de trabajo entre el establecimiento y el responsable técnico (si corresponde), la fotocopia simple del título en provisión nacional o título profesional, un documento que le acredita el registro en el Comvetbol, hoja de vida, registro como sensor del Sinave y una fotocopia simple del certificado de acreditación otorgado por el Senasag.
Tras presentar todo lo anterior se debe proceder a llenar el formulario de liquidación que deberá ser cancelado en el sistema bancario boliviano. Además de un acta de inspección in situ, posterior al ingreso y evaluación documental.
“Se tiene algo de miedo por el punto cuatro, que es el de tener supervisión de un regente veterinario. Pero esto es algo que sí o sí se debe cumplir. Un responsable técnico tiene las responsabilidades y obligaciones de ver que los animales que lleguen al albergue sean estabilizados, sean vigilados, puestos en cuarentena y vacunados”, reiteró León.
Una de las preocupaciones más grandes es la de poder controlar posibles brotes de rabia. Esto se debe a que, en más de una ocasión, se encontraron animales con rabia y que no fueron detectados al momento de su ingreso.
“De un tiempo a esta parte, hemos tenido casos en varios albergues, al no poderse diagnosticar a tiempo, incluso muchos de estos animales se dieron en adopción. Esto significa un riesgo para la población”, explicó. Por eso, aseveró, es indispensable contar con un responsable de la parte sanitaria. Esta persona es quien tendrá un calendario sanitario, dará información al Senasag y podrá emitir alertas en caso de existir algún brote.
“Lamentablemente, quienes tienen estos albergues tienen una idea errada de su mantenimiento. Creen que con amor van a tener vacunas, van a sanar y estarán estabilizados y es algo errado. Se requieren condiciones sanitarias que mantengan el lugar seguro”, finalizó.