La revuelta militar, el caso del narcovuelo de Boa, la extorsión del “soldado” del presidente de la Cámara de Diputados y las cinco ejecuciones en el Trópico marcaron agenda.
Fuente: https://www.vision360.bo
En 2024 se registraron varios hechos que reflejan la inseguridad en Bolivia; los principales están relacionados a las estructuras de poder que maneja el narcotráfico y penetra en las entidades del Estado a todo nivel y que, al mismo tiempo, tienen que ver con “el proceso de desinstitucionalización que vive el país desde el ingreso del MAS al poder”, según afirma el analista y militar en retiro, Jorge Santistevan.
En este recuento, Visión 360 presenta los 10 casos que en 2024 marcaron la inseguridad en Bolivia, como la revuelta militar protagonizada por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Según el análisis de Santistevan, este es uno de los ejemplos de la desinstitucionalización, porque, basado en los antecedentes del proceso de ascenso, Zúñiga era un militar que accedió al cargo por sus lazos políticos y de amistad con el presidente Luis Arce y no así por sus méritos académicos, porque ocupaba el puesto 48 en la lista de calificaciones de los 65 oficiales de su promoción.
Otros casos relacionados con la inseguridad ciudadana, a niveles de Estado, fueron, nuevamente, las denuncias de estupro, violación, y trata y tráfico de menores de edad, contra el expresidente de Bolivia y exlíder del MAS, Evo Morales. Estas implican no solo la vulnerabilidad de las víctimas, sino también la complicidad de autoridades de Estado y del círculo personal del cocalero, según el periodista español Alejandro Entrambasaguas.
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Un cuarto eje, de la inseguridad en Bolivia, es el de la corrupción, protagonizada por actores políticos, como el caso de extorsión de un funcionario de la Cámara de Diputados contra un proveedor de servicios. Asimismo, quedan las irregularidades en el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, a cargo de senadores y diputados.
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Caso Nallar
El 21 de junio de 2022, en el municipio cruceño de Porongo, un grupo de sicarios ejecutó a dos policías y a un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip). El 5 de diciembre de este año se dictó una condena de 15 años contra Misael Nallar, señalado como el principal autor del crimen.
Aunque los jueces no emitieron un fallo acorde a la gravedad del delito, según los familiares de las víctimas, el elemento que pone a Nallar en este recuento es el motín que lideró el 8 de junio, en el penal de “máxima seguridad” de Chonchocoro, en el municipio de Viacha. Las cámaras de seguridad incluso muestran cómo él agrede con violencia a un policía del mismo penal.
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Odalys
Un caso que marcó agenda este 2024 se inició el 29 de marzo; se trata de la desaparición de la joven madre Odalys Vaquiata, quien en mayo cumpliría 28 años. El principal sospechoso del caso procesado por feminicidio es su expareja, Joel Pérez, con quien viajó a la localidad yungueña de Tocaña, donde ambos participaron en una fiesta y en la que habrían tenido una discusión.
Policías e incluso militares montaron operativos de búsqueda durante varios días, pero no se la encontró. El proceso contra el sospechoso fue polémico e involucró a sus padres, por las incosistenciasen sus declaraciones.
El vehículo en el que viajó la pareja pertenecía a Vaquiata, lo cual hace menos creíble la versión de Pérez, quien dijo que durante su retorno, pese a su supuesto estado de ebriedad, ella abandonó el motorizado y se perdió en algún punto del camino, entre Tocaña y Yolosita.
Por las contradicciones y los indicios hallados fue que él y sus padres fueron enviados a la cárcel de forma preventiva, mientras continúan las investigaciones.
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El crucero de la estafa
El 2 de abril arribó a un puerto de Barcelona, España, el crucero MSC Armonía, con 1.500 pasajeros, que habían iniciado su travesía en Brasil. Entre ellos, 69 eran de nacionalidad boliviana, 14 menores de edad, pero todos con pasaportes que tenían visados falsos, según confirmó el viceministro de Gestión Consular e Institucional de Bolivia, Fernando Pérez.
En principio, la noticia causó una postura de solidaridad hacia los bolivianos, bajo el discurso de que las autoridades españolas procedían con intransigencia e impedían que se reunieran con sus familiares en ese país. Sin embargo, pronto se develó la verdad, los 69 involucrados pretendían ingresar de forma ilegal al país europeo y los servicios de Migración solo cumplían con la ley, para deportarlos.
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Revuelta militar
El caso que causó gran repercusión internacional en 2024 fue la revuelta militar protagonizada por el compañero de juegos de básquetbol del presidente Luis Arce, el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien el 26 de junio cercó con tanquetas la Plaza Murillo e intentó tomar el antiguo Palacio de Gobierno.
“¿Fue un autogolpe?”, preguntaron los periodistas al general, poco antes de que lo aprehendieran. “Sí, un autogolpe, autogolpe”, remarcó en su respuesta el ahora exmilitar. Previamente, frente a los micrófonos, aseguró que la revuelta militar que duró tres horas fue una maniobra política, con el fin de elevar la popularidad del mandatario, con quien se reunió un domingo antes, luego de un partido de baloncesto.
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Caso extorsión
Según las declaraciones ante la Fiscalía, del exjefe de Recursos Humanos, Omar Mendoza y el ex secretario general de la Cámara de Diputados, Manuel Córdova, el exjefe de la Unidad de Compras, Álvaro Salazar, fue contratado pese a que no cumplía con los requisitos profesionales, “por recomendación” del entonces presidente de esa instancia legislativa, Israel Huaytari, porque Salazar era su “soldado”.
Las declaraciones se dieron en el marco del proceso de extorsión que se sigue a Salazar, quien fue sorprendido en flagrancia el 11 de julio, cuando recibía parte de la coima de 74.400 bolivianos que él exigió a un proveedor de servicios para la Asamblea. Salazar escribió mensajes y audios, además que se grabaron llamadas cuando pedía el dinero y afirmaba que era una orden de Huaytari.
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Judiciales
Si bien no hubo detenidos y la Fiscalía no prestó atención a las irregularidades, el proceso de preselección que se realizó en la Asamblea Legislativa, para elegir a los postulantes a magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, estuvo plagado de denuncias de corrupción, desde audios entre legisladores, para favorecer a determinados candidatos, hasta reuniones sospechosas con los mismos postulantes.
Una de esas denuncias se dio contra la senadora Patricia Arce, del MAS, que, como lo muestran los videos, ayudó a más de un postulante, con gestos y señales, durante su examen oral.
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Evo Morales
Un caso que también captó el interés internacional es el del proceso contra el expresidente del MAS, Evo Morales, por estupro, violación, y trata y tráfico de menores de edad. Los supuestos actos de agresión sexual, de acuerdo con la Fiscalía, se cometieron mientras el cocalero era presidente del Estado. Tras el anuncio de la imputación formal, surgieron nuevas denuncias por casos en La Paz y Cochabamba.
Según la directora de Género de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, se trataría de al menos cinco víctimas; en dos de los casos, las menores fueron captadas por los dirigentes cocaleros u organizaciones políticas afines. Producto de esos hechos se supo que hay al menos dos hijos reconocidos por Morales, como en el caso de Gabriela Zapata, que estalló en 2016.
En septiembre, Morales convocó a un bloqueo nacional, luego de que se conociera que la Fiscalía de Yacuiba había emitido una orden de aprehensión en su contra. Dicho bloqueo duró 24 días, generó grandes pérdidas económicas, decenas de detenidos y policías heridos.
En este caso también se formalizaron denuncias y procesos contra los autores, lo que incluye a Morales; sin embargo, hasta la fecha no se logró que el cocalero se presente ante la justicia.
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Ejecuciones
Fue unos días después de que concluyeran los bloqueos del ala “evista” del MAS, el 13 de noviembre, cuando cinco personas fueron ejecutadas en la localidad de Pucamayo, en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba, por determinación de la comunidad, luego de la supuesta venta fallida de fusiles por 27 mil bolivianos.
El autor confeso del crimen relató que las armas estaban destinadas a armar a los pobladores, con el fin de enfrentarse a la Policía, que días antes los habían reprimido en los bloqueos.
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Narcovuelo
En febrero de 2023 se reveló que un vuelo de Boliviana de Aviación (BOA) había transportado hasta el aeropuerto de Barajas, España, 478 kilos de cocaína. Desde ese momento se inició una investigación internacional que en noviembre concluyó con la desarticulación de una red que traficaba cocaína desde Bolivia hacia Europa y droga sintética, éxtasis, hacia Bolivia.
El hecho fue esclarecido por la Policía española, que identificó a los traficantes como parte de una familia que tenía como fachada la empresa de mensajería “Bolivianita Express”. En cambio, en el lado boliviano hasta el momento no se da con los funcionarios de BOA, de la Policía y otros cómplices en la carga, envío y recepción de la droga.
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Sicariatos
Los actos de sicariato que se presentaron este año están principalmente relacionados con ajustes de cuentas entre narcotraficantes, según la Policía.
Uno de los casos emblemáticos es el del piloto cochabambino José Carlos Jiménez, cuya ejecución se dio el 26 de mayo en un restaurante del municipio de Santa Ana de Yacuma. Su caso reveló los nexos que existen entre otras cuatro ejecuciones y la relación con el narco Yasser Andrés Vásquez Cardona, conocido por el apodo de “Coco”, quien se presume es exsocio del narco uruguayo Sebastián Marset.