El Congreso de Perú investiga un escándalo de prostitución interna


Se acusa al ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso peruano, el abogado Jorge Torres, cercano al derechista partido Alianza Para el Progreso, de haber organizado una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios.

Vista del Congreso de Perú, en Lima, el 28 de julio de 2017
Vista del Congreso de Perú, en Lima, el 28 de julio de 2017 AFP/Archivos
 

El Congreso de Perú citó a declarar el jueves 26 de diciembre a un exfuncionario sospechoso de haber montado una presunta red de prostitución, supuestamente organizada por el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, el abogado Jorge Torres, cercano al derechista partido Alianza Para el Progreso (APP).

Torres deberá comparecer ante la comisión de Fiscalización para responder por las acusaciones. El caso lo destapó el programa de televisión «Beto a Saber», donde se le señala como el supuesto organizador de una red de trabajadoras que otorgaban favores sexuales a parlamentarios.



Una de ellas declaró en la emisión de televisión, y dijo que incluso una de ellas «visitaba al expresidente del Congreso Alejandro Soto». Este, del partido APP, lo negó en un comunicado.

La Fiscalía ya había abierto una investigación preliminar por «el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas».

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Torre rechazó las versiones en declaraciones a la prensa: «Lo niego rotundamente (…) y pido por parte de la fiscalía y comisión de fiscalización que investigue».

Asesinato de una ex asesora

El asesinato de la abogada Andrea Vidal, de 28 años, ex asesora y brazo derecho de Torres hasta el mes de septiembre, cuando fue cesada, desató el escándalo.

Vidal murió el 17 de diciembre en un hospital de Lima, tras agonizar una semana después de ser acribillada a balazos junto al chofer del taxi en el que viajaba.

Torres fue cesado de su cargo en el Congreso el 13 de diciembre, tres días después del ataque a su ex asesora. «Lo que ha sucedido es grave. La presunta red de prostitución, que ha acabado con el crimen de una ex trabajadora del Congreso, tiene que ser investigada», dijo a la prensa el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos.


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