Lic Ruben Suárez
En Bolivia, la desobediencia a los mandatos de la justicia y la organización de movilizaciones polémicas generan intensos debates. Recientemente, se ha denunciado la existencia de marchas en defensa de Evo Morales, exmandatario investigado por trata y tráfico de personas, con énfasis en una supuesta relación con menores de edad. Según informes, esta relación habría derivado en el nacimiento de un hijo durante su mandato presidencial. Estos hechos, sumados a otros casos de corrupción y controversias durante
su gobierno, colocan nuevamente a Morales en el centro de la atención mediática y judicial.
Denuncias por trata y tráfico de personas
El caso más reciente señala que Evo Morales estaría siendo investigado por trata y tráfico de menores de edad. Las acusaciones incluyen pruebas de una presunta relación con una menor y su posible encubrimiento a través de su influencia política. Estas investigaciones han tomado relevancia al coincidir con un contexto político en el que el exmandatario permanece custodiado en el Trópico de Cochabamba por grupos paraestatales, que impiden su detención.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Bolivia, en su informe de 2021, ya había recomendado evitar la formación de estos grupos paraestatales de seguridad, destacando que su existencia no solo es ilegal, sino que también representa un riesgo para la estabilidad y el respeto al Estado de derecho.
Denuncias internacionales
En Argentina, se le acusa de delitos similares, mientras que en Perú ha sido señalado por fomentar división y sedición, lo que incluso motivó una prohibición de ingreso a ese país.
Denuncias emblemáticos de corrupción
1. Caso Fondo Indígena: Este escándalo destapó un mal manejo de aproximadamente 100 millones de dólares destinados al desarrollo de comunidades indígenas. Decenas de proyectos quedaron inconclusos, y altos funcionarios del gobierno de Morales fueron vinculados con desvío de fondos.
2. Caso Gabriela Zapata: Morales fue acusado de tráfico de influencias a favor de su expareja Gabriela Zapata, quien ocupaba un cargo directivo en la empresa CAMC. El caso incluyó la adjudicación irregular de contratos millonarios y un supuesto hijo que luego se comprobó no existía, lo que generó aún más sospechas.
3. Caso Barcazas Chinas: En este escándalo, Bolivia pagó más de 28 millones de dólares por 16 barcazas y dos empujadores a empresas chinas. Sin embargo, los equipos nunca llegaron al país, y las investigaciones señalaron irregularidades en el proceso de adquisición.
4. Caso Hotel Las Américas: Este suceso involucró la muerte de tres extranjeros en un operativo policial en 2009, presuntamente vinculados a un supuesto complot separatista. Años después, surgieron acusaciones de que el caso fue manipulado políticamente para debilitar a la oposición regional.
Kawsachun Coca FM 99.9 y su papel en el conflicto
La emisora Kawsachun Coca FM 99.9, utilizada como plataforma por Evo Morales y sus aliados, también se encuentra en el ojo de la tormenta. Desde este medio, se emiten mensajes en contra del gobierno legítimo del Estado, llegando incluso a proferir amenazas y a incitar a la población a la desobediencia civil. Estas acciones podrían entrar en el marco de delitos de sedición o terrorismo, lo que ameritaría una investigación exhaustiva por parte de la justicia.
Es alarmante que una radio, operando en un espectro que pertenece al Estado y al pueblo boliviano, se utilice para fines particulares, violando principios básicos de imparcialidad y legalidad en los medios de comunicación. Este hecho debería motivar a los fiscales a actuar de oficio para determinar responsabilidades y frenar el uso indebido de un recurso público.
Financiación de marchas y movilizaciones
Otro tema que genera controversia es el financiamiento de movilizaciones masivas en apoyo a Morales. Según denuncias realizadas por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, es urgente investigar las fuentes de financiamiento detrás de estas marchas, así como de los llamados «guerreros digitales» y de los medios de comunicación que se utilizan para defender al exmandatario.
La falta de medidas claras para investigar y sancionar estos hechos refuerza la percepción de impunidad y debilita las bases del sistema democrático. Es fundamental que las autoridades tomen acciones concretas para garantizar la transparencia, la justicia y el respeto a la legalidad en el país.
Orden de cierre de fronteras
Actualmente, Morales está sujeto a una orden de cierre de fronteras en Bolivia, debido al temor de que intente salir del país para evadir la justicia. Este mandato se da en el contexto de su citación judicial el próximo 14 de enero en la ciudad de Tarija, donde deberá responder ante las acusaciones en su contra. La medida busca garantizar que el exmandatario enfrente las imputaciones legales y que no se sustraiga de los procesos judiciales en curso.
«El que no se presenta, es un delincuente confeso»
Cabe recordar las propias palabras de Evo Morales durante su mandato: «Todo aquel que no se presenta es un delincuente confeso». Esta frase, en su momento dirigida a opositores políticos, hoy adquiere un significado contundente para el mismo Morales. Si bien el exmandatario se ha defendido señalando una supuesta persecución política, los hechos y las investigaciones apuntan a delitos graves que requieren respuestas claras ante la justicia.
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Conclusión
El caso de Evo Morales no solo pone en juego su legado político, sino también el respeto al Estado de derecho en Bolivia. Las instituciones judiciales tienen la responsabilidad de actuar con imparcialidad, y el exmandatario, como cualquier ciudadano, está obligado a presentarse ante la ley. La justicia debe prevalecer, y la sociedad boliviana merece transparencia y claridad en estos procesos.
Morales, en sus propias palabras, deberá demostrar que no es un «delincuente confeso» enfrentando las acusaciones y rindiendo cuentas ante los tribunales. Su situación es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o influencia política