La estatal mantiene el control mayoritario en los proyectos para industrialización del litio.
Trabajos de extracción de litio del salar de Uyuni, Potosí.
Los contratos firmados entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y los consorcios Hong Kong CBC de China y Uranium One Group de Rusia garantizan la seguridad jurídica y la soberanía del Estado boliviano en el proceso de industrialización del litio, afirmó el presidente de la empresa estatal, Omar Alarcón.
Este viernes, Alarcón reiteró que estos contratos otorgan al Estado, a través de YLB, más del 51% de participación en la industrialización del litio, mientras que la comercialización total del carbonato de litio estará bajo control de la empresa estatal.
“Los contratos están claramente establecidos y contienen cláusulas que aseguran la soberanía boliviana y la seguridad jurídica de estos acuerdos”, enfatizó.
Contratos
El titular de YLB también destacó que la inversión comprometida por las empresas extranjeras en estos proyectos alcanza los $us 2.000 millones, monto que cubre todas las etapas de implementación de las plantas de producción.
“El riesgo de la ejecución corre por cuenta de las empresas inversionistas”, explicó.
Estas declaraciones surgen como respuesta a los cuestionamientos de algunos legisladores de oposición, quienes han expresado dudas sobre los proyectos de ley vinculados a la industrialización del litio, actualmente en análisis en la Asamblea Legislativa.
“Es lamentable que algunos legisladores critiquen sin haber revisado el contenido de los contratos. Los documentos ya están disponibles para su revisión pública a través de los representantes en la Asamblea”, indicó Alarcón.
El miércoles, el Comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados aprobó los dos contratos de servicio suscritos por YLB con ambas empresas extranjeras.
Estos acuerdos contemplan la construcción de plantas de producción de carbonato de litio grado batería en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, y ya fueron remitidos a la Comisión de Economía Plural para su evaluación.
Los proyectos deberán aprobarse en el pleno de la Cámara de Diputados antes de ser remitidos a la Cámara de Senadores, donde se seguirá un proceso similar.