Fiscalía investiga a alto funcionario municipal de La Paz por usurpación de funciones


CASO POR LA LEY DE FISCALIZACIÓN

Imagen ilustrativa tomada de internet

 

Fuente: erbol.com.bo



El fiscal adscrito a la Unidad de Análisis de la Fiscalía de La Paz, Daniel Chávez, informó el pasado 31 de diciembre de 2024 al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción de turno, sobre el inicio de una investigación contra José Carlos C. N. Del P., acusado de usurpación de funciones.

El caso se origina por su presunta continuidad en el cargo de secretario ejecutivo del Gobierno Municipal de La Paz, a pesar de haber sido censurado en agosto de 2023 por el Concejo Municipal, en aplicación de la Ley 499, Ley Municipal de Fiscalización.

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La acción penal se respalda en la Sentencia Constitucional N.º 0670, emitida el 2 de octubre de 2024, en la que se otorgó tutela a una acción de cumplimiento presentada por la concejal Lourdes Chambilla. La resolución establece que la Ley 499 está vigente y debe ser acatada, rechazando cualquier intento del Ejecutivo Municipal de desconocer su aplicación.

El concejal denunciante, Pierre Chain, señaló que José Carlos C. N. Del P. fue notificado formalmente con la moción de censura, la cual, según el artículo 23 de la Ley 499, implica la destitución inmediata del funcionario en un plazo no mayor a cinco días. No obstante, indicó que el alcalde de La Paz, en presunto desacato a la normativa, volvió a posesionar al funcionario en el cargo.

La denuncia argumenta que José Carlos C. N. Del P. no solo continúa ejerciendo funciones de manera irregular, sino que también percibe sueldos y viáticos, además de realizar viajes al exterior, y firmar documentos oficiales que podrían ser nulos de pleno derecho. Estas acciones configurarían el delito de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 163 del Código Penal.

Chain anunció que ampliará la denuncia para incluir a otros funcionarios que también fueron posesionados nuevamente tras haber sido censurados por el pleno del Concejo Municipal. Los actos de interpelación que llevaron a estas censuras están regulados por la Ley de Fiscalización, cuyo cumplimiento, según el denunciante, ha sido ignorado por el Ejecutivo Municipal.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.


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