Los indígenas se encargan de las tomas de empresas; los beneficios son para otros. En las «cenas» del binomio masista con incautos empresarios, estos debieran reclamar por la flagrante inseguridad jurídica en Bolivia.
Vigilia: un grupo de comunarios cierra la ruta a tres kilómetros del acceso a la mina Himalaya, fue en abril de 2009 (foto La Prensa)
La nueva Constitución del Estado Plurinacional, poco a poco está mostrando sus oscuros matices y más temprano que tarde se expresarán en toda su magnitud las funestas consecuencias para el país que ya es visibilizado como poco o nada confiable para las inversiones.
Ocurre que con esta nueva Constitución Política, los únicos que tienen todos los derechos son los supuestos indígenas (principalmente los masistas). Son los absolutos propietarios de todos los recursos naturales y solo ellos pueden decidir como se los aprovecha y quienes los aprovechan, tengan o no la mas pálida idea del asunto.
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Pero aquí es conveniente hacer una puntualización. Los indígenas son en realidad la coartada bajo la cual está surgiendo una nueva casta ligada al poder de turno que se ha enriquecido súbitamente. Hablan a nombre de los indígenas pero se aprovechan de ellos.
Se trata de los Andrés Villca, de los Pedro Montes, de los Chavez, de los Surco, de los Ávalos y otros.
Willca y Montes, fungen como dirigentes de los cooperativistas mineros y de los mineros sindicalizados pero en realidad son prósperos empresarios que no tienen nada que envidiar a los exponentes «neoliberales» de la minería mediana.
Pueden diferenciarse por su tez morena pero en cuanto a ingresos económicos y estilo de vida, son exactamente lo mismo. Es más si existe una diferencia, esta es a favor de los nuevos empresarios por cuanto no requieren invertir ni hacer trabajos de prospección para hacerse de un predio minero.
Ellos tienen métodos más sencillos. Lo suyo es la técnica del despojo, amparados en la impunidad de su militancia masista. Cuando en un predio minero, luego de años de trabajo se han detectado minerales y se ha instalado maquinaria para explotarlos, lo único que hacen es movilizar a grupos indígenas que proclaman su derecho originario y se apoderan del predio y de ahí no hay quien los saque.
Pero no seamos ingenuos; no son los indígenas los que aprovechan la riqueza encontrada. Luego de que los indígenas han tomado una mina, aparecen los “cooperativistas” y otros dirigentes que se dedican a explotar una mina en la que no invirtieron un solo centavo.
Feliciano Vegamonte, jefe departamental del MAS en Cochabamba, fue acusado por la compra de fusiles para el grupo que tomó la mina Santa Maria. Se hallaron recibos por Bs 89.550. (fotos Los Tiempos) abril de 2009
Tenemos un ejemplo cercano en la mina Himalaya la cual ha caído en manos de Andrés Villca, el “cooperativista minero”, que es, además, candidato a senador por el departamento de Oruro representando al MAS.
No es el único. Pedro Montes, quien ya se ha eternizado en la dirección de la otrora gloriosa Central Obrera Boliviana (hoy convertida en célula del MAS) también incentiva la toma de diversos predios mineros y la cobra de “comisiones” por la explotación, una buena parte de los cuales van a parar a sus bolsillos. Los indígenas solo se encargan de la toma; los beneficios son para otros.
La toma de la mina aurífera Inti Raymi es el último ejemplo de esta práctica delincuencial pero no será la ultima. Con anterioridad los indígenas tomaron predios agrarios, mineros y hasta viviendas, varios de los cuales a la fecha y luego de haber sido destruidos y aprovechado todo lo que estaba al alcance de la mano, han sido abandonados sin resarcimiento alguno a sus legítimos propietarios.
Destruyeron varias haciendas usurpadas, Collana y otras en Yungas para citar solo algunos casos, y en las minas que toman, solo extraen el mineral que ya fue descubierto; sería ilusorio pedirles que hagan trabajos de prospección y menos inversión alguna. En realidad lo suyo es el saqueo no la producción. Esa es la base sobre la que se está asentando la nueva oligarquía masista, sin olvidarnos de la narco-cocalera.
Por estos hechos resulta un contrasentido total las «cenas» y encuentros que viene realizando el binomio Evo-Álvaro con empresarios de Santa Cruz, La Paz y otras regiones del país para presentarles su ¿plan económico? de campaña electoral. Lo menos que los incautos empresarios debieran exigir a los candidatos-gobernantes, es una explicación de sus políticas de despojo y reclamarles por la ausencia de seguridad jurídica para las inversiones en Bolivia.