DESIGUALDAD. – El exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, denuncia 12 años en la implementación del Pacto Fiscal en Bolivia. La desigualdad en la distribución de recursos se ha profundizado
Fuente: El Mundo
Vladimir Peña, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, ha denunciado que el Pacto Fiscal en Bolivia lleva más de 12 años de retraso. Según Peña, el modelo actual de distribución de recursos económicos perpetúa la desigualdad, ya que el 86% de los ingresos se concentran en el nivel central del Estado, dejando solo entre el 10% y el 14% para los gobiernos departamentales, municipales y las universidades públicas. Esta situación ha limitado la capacidad de las entidades subnacionales para atender responsabilidades en salud, educación y otros servicios esenciales.
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LA DEUDA HISTÓRICA DEL PACTO FISCAL
La Ley Marco de Autonomías condicionaba la implementación del Pacto Fiscal a los resultados del Censo de 2012, cuyos datos se conocieron en 2014. Sin embargo, el proceso ha sido postergado reiteradamente, acumulando un retraso de más de una década. Peña destaca que la falta de voluntad política ha impedido avanzar en la redistribución de recursos, lo que agudiza las deficiencias en los servicios públicos y afecta directamente a la ciudadanía.
COMPARACIÓN CON MODELOS INTERNACIONALES
En países con sistemas federales o descentralizados, como Alemania, Argentina y España, los pactos fiscales se actualizan periódicamente para garantizar una distribución equitativa de los recursos. Por ejemplo, en Argentina, el presidente Alberto Fernández alcanzó acuerdos con los gobernadores para redefinir el reparto fiscal, mientras que, en España, Pedro Sánchez logró consensos con las comunidades autónomas. Bolivia, por el contrario, carece de una cultura democrática que facilite estos acuerdos, lo cual obstaculiza la implementación de un pacto fiscal justo y eficiente.
LA FALTA DE ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES
Peña criticó la inacción de las autoridades subnacionales en la búsqueda de un nuevo pacto fiscal.
Recordó que, al inicio de su gestión en 2021, el gobernador Luis Fernando Camacho heredó una propuesta de pacto fiscal del Consejo Nacional de Autonomía, pero no dio continuidad ni elaboró una nueva propuesta. A pesar de la urgencia del tema, en los últimos cuatro años no se ha presentado ninguna iniciativa concreta.
LA NECESIDAD DE UN DEBATE NACIONAL
Peña enfatizó que el Pacto Fiscal debe ser abordado como una cuestión de interés nacional. Para avanzar, es imprescindible construir una propuesta clara que garantice el acceso equitativo a servicios básicos como salud, educación y seguridad ciudadana. Además, se requiere articular esfuerzos entre gobernaciones, municipios y universidades para ejercer presión política y lograr consensos en el Parlamento, donde la aprobación de un pacto fiscal demanda dos tercios de los votos.
OBSTÁCULOS POLÍTICOS Y ESTRATEGIAS PARA SUPERARLOS
Uno de los principales obstáculos para concretar el pacto fiscal es la falta de mayoría parlamentaria para aprobar reformas. Peña señala que se necesita romper con este “candado político” mediante la generación de consensos y el trabajo coordinado en el ámbito legislativo. Insistió en que es fundamental dejar de lado las disputas regionales y centrar los esfuerzos en exigir al gobierno central una distribución justa de los recursos.
UN DESAFÍO INELUDIBLE
El retraso del Pacto Fiscal refleja una deuda pendiente con la autonomía y el desarrollo de Bolivia. La falta de equidad en la distribución de recursos limita la capacidad de los gobiernos subnacionales para cumplir con sus responsabilidades y afecta la calidad de vida de la población. La solución requiere voluntad política, articulación entre actores subnacionales y una estrategia clara para avanzar en la aprobación de un nuevo pacto fiscal que beneficie a todas las regiones del país.