Desde el sector comercial esperan una respuesta al planteamiento de la institución que aglutina a los actores del sector comercial, en medio del rechazo que hay con esta disposición de la ley financial.
Fuente: Unitel
En medio del rechazo a la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo Gamara, solicitó al Gobierno nacional una modificación consensuada a este apartado que genera la intranquilidad de los actores del aparato productivo.
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“Demandamos que el Gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es, sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance del problema”, reza el reporte institucional.
Asimismo, desde la CNC señalaron que la disposición en ningún momento fue consensuada previamente con el sector, “que es el más afectado y vulnerable”, remarcando que esto violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho.
La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Entretanto, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, manifestó que está en manos de la Asamblea Legislativa definir el futuro o eliminar esta disposición de la ley financial.
Ante esta postura del Gobierno, el diputado opositor Carlos Alarcón, miembro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de ley para eliminar la disposición.
La CNC se declaró en emergencia y expresó su asombro por la indiferencia del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de los representantes de los distintos sectores y gremios afectados con la aplicación de este apartado de la ley financial.
“Las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa, por funcionarios públicos que con esta disposición pueden secuestrar mercadería de manera arbitraria si consideran que el inventario almacenado puede ser vendido a precios mayores de los que ellos consideran justos”, agrega el reporte de la CNC.