Fuente: DW
La Fiscalía de Perú presentó una apelación formal contra la decisión judicial que anuló el juicio oral que se seguía contra la líder política Keiko Fujimori por un presunto lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016, informaron este viernes (17.01.2025) medios locales.
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El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez señaló en la apelación, publicada por la emisora RPP, que la decisión tomada el pasado 13 de enero por el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional causó un daño «grave y significativo» al Ministerio Público, «porque se ha afectado el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva».
Pérez, quien integra el Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, pidió que un tribunal superior «declare la nulidad de la decisión» del juzgado, que al anular el proceso oral determinó que debe volver a la etapa de control de acusación.
«Este Ministerio Público sostiene que la resolución no tiene una verdadera motivación, sino, por el contrario, ella es superflua y aparente, puesto que su contenido obedece a razones basadas en conjeturas y en situaciones hipotéticas que no han ocurrido», remarcó el recurso.
El pasado lunes, al anunciar la decisión del juzgado, la magistrada Juana Caballero explicó que se había acordado aplicar una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal por este caso contra el exdirigente del partido fujimorista Fuerza Popular José Chlimper.
Caso Chlimper
El tribunal también aseguró que había vicios en el auto de enjuiciamiento, como una presunta «imputación deficiente», que hacían insostenible la continuidad del actual proceso oral.
En diciembre pasado, el TC declaró fundada en parte una demanda de hábeas corpus presentada por Chlimper y aseguró que se había afectado su derecho a la defensa, ya que no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos que se le imputaban.
Precisamente, la defensa de Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), pidió la anulación del juicio sobre la base de la sentencia del TC en el caso Chlimper.
El juicio oral por este caso comenzó formalmente el pasado 1 de julio contra Fujimori y otros 45 acusados, a los que la Fiscalía les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.
La Fiscalía ha pedido que Keiko Fujimori sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión por
haber recibido presuntos aportes ilícitos para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
mg (efe, El Comercio)