Hugo Ramiro Sánchez Morales
La libertad de expresión es un derecho innato del ser humano, que nace con su capacidad de pensar y sentir. Sin embargo, a lo largo de la historia, este derecho ha sido constantemente vulnerado por quienes detentan el poder y no toleran la disidencia. Esta situación ha generado movimientos de rebeldía y resistencia, donde las ansias de libertad y justicia han encontrado cauces para manifestarse, incluso en condiciones de opresión. En los albores de la lucha por la libertad de expresión, se recurría al anonimato mediante pasquines que desafiaban al poder al exponer ideas y críticas. Los poderosos, para mantener el control, castigaban a los autores de estos escritos mediante procesos sumarios que terminaban en severas sanciones, incluso la ejecución pública. Sin embargo, estas acciones represivas no lograron detener el impulso de expresarse libremente, sino que sembraron la semilla de un derecho fundamental que evolucionó hasta convertirse en una garantía reconocida.
El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este marco internacional refuerza el compromiso de los Estados, incluyendo Bolivia, de garantizar este derecho fundamental. En Bolivia, la Constitución Política del Estado consagra la libertad de expresión como un derecho civil y político. El numeral 5 del artículo 21 establece que los bolivianos tienen el derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. Asimismo, el numeral 6 garantiza el acceso a la información y su interpretación, análisis y difusión. A pesar de estos derechos, su cumplimiento pleno enfrenta obstáculos, entre ellos la falta de conocimiento generalizado de las leyes.
El 19 de enero de 1925, se promulgó en Bolivia la Ley de Imprenta, un instrumento normativo que marcó un hito en la defensa de la libertad de expresión y prensa. Esta ley establece principios esenciales como la publicación sin previa censura y la responsabilidad de los autores, directores y editores de los medios. Entre sus disposiciones destacadas se encuentran la responsabilidad sucesiva, que determina que los autores, directores y editores son responsables de los delitos cometidos a través de la prensa en un orden claramente establecido; la regulación de publicaciones clandestinas, consideradas como tales aquellas que no consignan los nombres de los responsables en sus primeras páginas, imponiéndose sanciones económicas y penales; el secreto de la fuente, que protege la confidencialidad de las fuentes de información penalizando su revelación sin requerimiento judicial; y la tipificación de delitos de imprenta, que regula conductas que atentan contra la Constitución, la sociedad y las personas, estableciendo sanciones para cada caso.
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La libertad de expresión, aunque esencial para la democracia, no es absoluta. Los límites se establecen para proteger otros derechos fundamentales, como la honra, la privacidad y la seguridad pública. En Bolivia, la Ley de Imprenta y el Código Penal regulan estas restricciones, buscando equilibrar la libertad con la responsabilidad. El último informe sobre la libertad de expresión en Bolivia pone en evidencia preocupaciones significativas que afectan a este derecho fundamental. Entre los principales problemas destacan las violaciones a la libertad de expresión, incluyendo intimidaciones, censura y hechos de violencia contra periodistas, reflejando un entorno hostil para el ejercicio del periodismo independiente y planteando serios retos para el fortalecimiento de la democracia. Además, un problema estructural radica en la dependencia económica de muchos medios de comunicación frente al gobierno de turno. Este dominio se manifiesta en un control gubernamental que limita la capacidad de los medios para abordar temas sensibles o críticos hacia las autoridades, y un enfoque sensacionalista de algunos medios que priorizan noticias de impacto superficial sobre el análisis profundo y responsable. Solo una minoría de periodistas y medios mantiene una práctica profesional y ética, valorada por una ciudadanía consciente que demanda información veraz y objetiva. Esta situación evidencia un debilitamiento del papel fiscalizador de los medios de comunicación, afectando la transparencia y la participación informada de la ciudadanía.
En el contexto actual de Bolivia, la libertad de expresión adquiere una relevancia crítica como pilar de la democracia. El país atraviesa una etapa de transición caracterizada por una crisis económica y cambios estructurales que requieren un debate amplio y participativo para definir un camino sostenible hacia el futuro, así como escándalos de corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y una ausencia de políticas claras en sectores clave como la energía y los recursos naturales. Además, se vislumbra un posible momento constituyente que podría modificar la Constitución vigente, lo que exige un debate inclusivo y transparente. En este panorama, la libertad de expresión no solo garantiza el acceso a información, sino que también fomenta el diálogo y la reflexión colectiva. Los medios de comunicación social, a pesar de sus limitaciones, desempeñan un rol crucial al informar, educar y promover la discusión democrática.
Para que los medios de comunicación cumplan efectivamente su función en la sociedad, es necesario fortalecer la ética periodística mediante la adopción de códigos de ética que prioricen la verdad y el interés público, garantizar la independencia financiera promoviendo mecanismos de financiamiento independientes que reduzcan la dependencia económica de los medios frente a actores políticos o comerciales, y fomentar la educación mediática para que la ciudadanía pueda identificar información fiable y reconocer las prácticas periodísticas éticas. Además, aunque los principales medios de comunicación social son los impresos, la televisión, los medios digitales y las redes sociales, la imprenta pierde cada vez más la trascendencia de tiempos pasados, lo que subraya la necesidad de una nueva ley que regule la libertad de expresión en sus nuevas versiones.
A 100 años de su promulgación, la Ley de Imprenta sigue siendo un baluarte de la democracia y la libertad en Bolivia. Este centenario invita a reflexionar sobre su vigencia y los desafíos que enfrenta en el contexto actual. Es fundamental fortalecer una cultura que valore y respete la expresión libre y responsable como un pilar esencial de una sociedad justa y pluralista. Honramos así el legado de quienes lucharon por estos derechos y renovamos nuestro compromiso de defender la voz de todos los bolivianos. La libertad de expresión no es solo un derecho individual, sino una herramienta colectiva para construir un futuro más justo y equitativo.
Fuente: eju.tv