En las últimas dos décadas en América Latina, concretamente, en Venezuela, Nicaragua, Brasil y Bolivia, en el sistema judicial han surgido magistrados meteóricos, imprevisibles por mantenerse en el poder.
Algunos son expertos en reunir facultades que bajo la lupa de juristas idóneos en el Derecho Constitucional no merecen estar ahí, como instructores implacables, concentrando la investigación, juzgando y sancionando, todo al mismo tiempo.
El procedimiento aplicable resulta ser arbitrario y selectivo, porque las víctimas comienzan y terminan siendo los grupos políticos que conforman la oposición, y solo por el pecado de propagar los principios y valores de libertad sin límites para todos los ciudadanos, sean en una esfera real o virtual.
Centremos nuestra atención en el Juramento de Nicolas Maduro Moros, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 10 de enero de 2025. ¿Cuáles fueron las herramientas para enterrar la democracia? ¿o golpe de Estado? Como acuñó María Corina Machado. La decisión de ungir como presidente a Maduro, fueron las mentes oscuras y perversas de Elvis Amoros, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), veterano político chavista artífice de la inhabilitacion de Maria Corina Machado. Su irresponsabilidad concluyó con el fraude electoral proclamando a Maduro Moros ganador, cuando el soberano y la comunidad internacional lo identificó como -perdedor- en las urnas al no mostrar las actas escrutadas por mesas.
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El enlace de esta práctica fraudulenta fue consolidada por Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y quien a su vez preside la Sala Electoral, mediante la emisión de la sentencia de 22 de agosto de 2024, en la que certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y «convalida los resultados de la elección presidencial de 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde resultó electo el ciudadano Nicolas Maduro Moros como presidente de la República».
La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países de América Latina y el Caribe no reconocen la legitimidad de esos resultados, sin actas que respalden la idoneidad del.acto democrático, aunque se sabe que los negociadores voluntarios: Brasil, Colombia y México sintonizaron con Maduro enviando a sus Embajadores al acto de juramento, postura que asumió Bolivia, con la agravante vergonzosa de -bloquear- el informe de la Comisión IDH en el Consejo Permanente de la OEA la pasada semana, estando presidido el Consejo por Héctor Arce Zaconneta embajador de Bolivia ante la OEA, conocido por la prensa como el «destructor» del primer Tribunal Constitucional de la República de Bolivia.
Según la ONG Foro Penal, hasta el 18 de agosto de 2024 por las olas de manifestaciones contra los datos y resultados que publicó el CNE, habían sido detenidas más de 1.500 personas, incluyendo 129 adolescentes y 18 personas con discapacidad. Siendo que el panorama de los hechos de violencia era preocupante, Maduro dijo que el gobierno estaba habilitando dos cárceles de «máxima seguridad» para albergar a las olas de manifestantes, a quienes califico como «terroristas» y «delincuentes».
El discurso perverso de Maduro encontró resonancia en la decisión del TSJ de Venezuela que dispuso que el peritaje de la sentencia sea enviada a conocimiento del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, para que fuera incorporada a la investigación penal que llevaba a cabo en torno al proceso electoral contra María Corina Machado, Edmundo Gonzales Urrutia y otros de la oposición, por la presunta comisión de delitos de: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación de desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para ser reelegido por quinto período como presidente junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, antes de los comicios de 7 de noviembre de 2021, encarceló previamente a siete aspirantes a candidatos tras las rejas, valiéndose de la subordinación del Fiscal General, Consejo Supremo Electoral y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien obtuvo el 74,99% de sufragio a su favor, pero según informe de organizaciones independientes la abstención fue más del 84%, y la represión y encarcelamiento de manifestantes superó las cifras precedentes (En cinco años 355 muertos, 222 presos políticos en las últimas dos elecciones y centenares de exiliados con pérdida de nacionalidad, inclusive).
En Brasil Alexandre de Moraes recibió el beneplácito del expresidente de la República Federal del Brasil, Michel Temer, quien lo propuso para ministro del Supremo Tribunal Federal. Temer dijo el 2017 que su función institucional es servir de guardián de la Constitución Federal, resolviendo casos que implican lesión o amenaza a esta última. Llegó a calificar al magistrado como «pretorio excelso». Pero, la prensa lo considera como «Rebocop» y «Xandao», calificado como un magistrado técnico y combativo. Para sus admiradores, Moraes es un superjuez que defendió la democracia de los ataques extremistas; empero, para sus adversarios, es un magistrado autócrata que ama el poder.
Alexandre de Moraes ha dirigido la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil que suspendió de forma temporal la red social X, en Brasil el año pasado. En este caso controversial, no le ha temblado el pulso como juez inflexible a la hora de incluir a Elon Musk en la investigación sobre las milicias digitales, que intenta determinar si la defensa de las noticias falsas en redes sociales corresponde a un proyecto delictivo de influir en los procesos electorales.
El magistrado se muestra como un paladín de la regulación de las redes sociales y que las redes sociales son una «tierra sin ley». De parte de Elon Musk, que pidió la dimisión y juicio político contra Moraes, se define como «absolutista de la libertad de expresión».
Circulan versiones sobre la médula del enfrentamiento entre Moraes y Musk. Una de ellas sería el acuerdo entre la Empresa China BYD y el gobierno de Brasil para abrir en el Estado de Bahía cerca de la ciudad de Salvador, la primera planta de producción de vehículos eléctricos. Esta alianza entre Xi Ping y Lula estaría afectando los intereses estratégicos comerciales de las empresas SpaceX, Starlink, Tesla, Red Social X y fundador de los coches eléctricos, que el empresario Musk con 41 billones de dólares estaría alimentando la guerra, descartando cualquier aproximación política a la extrema derecha de Donald Trump o de Jair Bolsonaro.
Para nuestros tiempos resulta inimaginable que Alexandre de Moraes magistrado del Supremo Tribunal Federal, ostente por detrás de Lula una inusual suma de facultades judiciales, desde los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, que el magistrado trata como «intento de golpe de Estado», especialmente las supuestas noticias falsas que fueron propagadas por las urnas electrónicas en 2022, que Jair Bolsonaro hizo conocer al Cuerpo Diplomático sobre las preocupaciones del sistema biométrico.
Se suma a este poderío judicial de Moraes, identificado como un autócrata que ama el poder, bajo el manto de defender la democracia de los ataques extremistas, porque por donde camina ve fantasmas, ha decidido aplicar la «inelegibilidad» contra Bolsonaro por 8 años, sacándolo de toda posibilidad de postularse y ser elegido en las próximas elecciones generales para presidente, programadas para el 4 de octubre de 2026. Asimismo, sanciona al expresidente Bolsonaro con la «retención de su pasaporte», sin cuyo documento no podrá estar presente como invitado en el acto de Juramento y Posesión de Donald Trump el lunes 20 de enero; sin embargo, asistirán como invitados especiales su esposa Michelle Bolsonaro, su hijo Eduardo Bolsonaro diputado y otros Senadores conservadores.
En Bolivia los cinco autoprorrogados del Tibunal Constitucional Plurinacional y los dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, emulan a Alexandre de Moraes al actuar como supervisores y auditores del legislativo, paralizan procesos electorales judiciales, deciden por Convenio con el Tribunal Supremo Electoral «garantizar las elecciones generales» y resuelven en causa propia beneficiarse prolongando sus funciones vulnerando la Constitución repetidamente. Seguramente, están convencidos que alguna ley especial podría impedir el juicio político por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y disposición de recursos económicos al margen de la ley y la Constitución o, en su defecto, inventarse una sentencia de impunidad como “derecho humano».
Con relación a los magistrados que aman el poder, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo, Conrado Hubner dice: «No hay precedente de nada remotamente parecido a tener a un ministro de la Corte al frente de investigaciones, que prácticamente pasan a estar en un estado de instrucción permanente».
Pedro Gareca Perales