Fuente: vision360.bo
Por Carlos Quisbert
Al menos cinco son las irregularidades y ochos las inconsistencias que ponen en entredicho el manejo del dinero destinado a la atención de emergencias por desastres naturales en la Dirección de Gestión de Riesgos de la Gobernación de La Paz, según la denuncia del asambleísta departamental de Somos Pueblo, Israel Alanoca.
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“Hemos enumerado al menos 13 irregularidades en la documentación que la Gobernación de La Paz nos ha remitido, como respuesta a la fiscalización que realizamos sobre el gasto del dinero para la atención de emergencias. Esta lista deja en entredicho la transparencia sobre el manejó de este dinero, que inicialmente calculamos eran más de cinco millones de bolivianos”, informó a Visión 360 el legislador departamental.
Omisiones
Alanoca recordó que, en diciembre de 2024, junto a su colega Andrea Echeverría hicieron una Petición de Informe Escrito (PIE), para conocer cómo se usó el dinero desembolsado, con autorizaciones firmadas por el gobernador de La Paz, Santos Quispe, para la atención de emergencias, por lluvias, sequías y otros desastres naturales en los diferentes municipios.
En ese contexto, el equipo técnico que apoya el trabajo de los asambleístas, detalló cinco observaciones de fondo a las respuestas al PIE:
- En su respuesta, el director de Gestión de Riesgos, de la Gobernación de La Paz, José Luis Cahuapaza, omitió enviar los planes de acción aprobados, con los trabajos de prevención, acción y atención post desastres que debieron realizarse aprobados por esa dirección.
- No se presentaron informes técnicos que justifiquen las contrataciones realizadas.
- No brindaron información documental sobre cuántas empresas se adjudicaron los trabajos y cómo se dio el proceso de contratación.
- No se detalló si hubo contratos para el servicio de maquinaria pesada.
- En las respuestas al PIE, la Dirección de Gestión de Riesgos no adjuntó documentos, como facturas de las empresas contratadas, para verificar el pago y costo de estos servicios.
En contacto con Visión 360, el director de Gestión de Riesgos, afirmó que esa entidad no cuenta con los documentos solicitados por los asambleístas de Somos Pueblo, debido a que estos, incluidos contratos y facturas, estarían en poder de la Dirección Administrativa.
Manifestó que los desembolsos, que en 2024 sumaron más de ocho millones de bolivianos, se realizaron tanto para atención de emergencias por heladas, riadas, sequías y otros fenómenos naturales que afectaron a los municipios paceños en diferentes épocas del año.
Cahuapaza sostuvo que su dirección no hace pagos, sino que fiscaliza el pedido del municipio que se declara en emergencia y verifica los requisitos que deben cumplir para que la Gobernación les entregue la ayuda solicitada. Manifestó que, en su mayoría, las alcaldías solicitan contratación de maquinaria pesada y combustible, pero que la ayuda también es con víveres, herramientas o dotación de semillas.
Inconsistencias
No obstante, Alanoca cuestionó las respuestas de Cahuapaza y señaló que su equipo técnico también enumeró otras ocho inconsistencias en la documentación presentada por esa dirección.
- Contrataciones antes de la vigencia del decreto: En la respuesta al PIE, se menciona que se realizaron seis procesos de contratación de obra y supervisión tras la emisión del Decreto Departamental 164/2024, que entró en vigencia el 6 de marzo de 2024. Sin embargo, los contratos fueron firmados por el gobernador Quispe antes de esa fecha en cuatro de las obras mencionadas.
- Falta de registro en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes): Según el análisis de la documentación, una de las obras, que figura en la lista de los seis procesos mencionados, no tiene registro en el Sicoes, solo se tiene el contrato de supervisión.
- Procesos administrativos sin registro: Se menciona también que se realizaron seis procesos de adquisición, pero el proceso que hace mención a la adquisición de combustible (diésel y gasolina) no figura en Sicoes.
- Especificaciones confusas en las compras: En la adquisición de alimentos de emergencia (1.250 bolsas de arroz, 1.250 bolsas de fideo y 1.250 frascos de aceite), no se especifica la cantidad en libras, kilos o litros, esta información se maneja como “bolsas”.
- Actas de entrega sin fecha: La Dirección de Gestión de Riesgos adjuntó en sus respuestas al PIE 31 actas de entrega de materiales por emergencias, pero 16 no incluyen la fecha de entrega.
- Falta de actas de los municipios beneficiados: Solo se tienen actas de entrega de 21 de los 26 municipios a los cuales supuestamente se asignó parte de los más de 5 millones de bolivianos que los asambleístas estimaron que se gastaron inicialmente.
- Entrega a municipios que no figuran en lista: Otro dato irregular es que se adjuntaron actas de entrega de dos municipios que no figuran en la lista de los municipios para los cuales se autorizó el desembolso.
- Errores en la documentación: Finalmente, se verificó que una de las actas adjuntas a las respuestas al PIE, tiene el nombre de un municipio, pero está firmada y sellada por autoridades de otro.
Con esos antecedentes, Alanoca informó que, ante las respuestas poco claras de la Gobernación, el martes se envió un segundo PIE con 16 preguntas, solicitando información complementaria. El asambleísta estima que, según la norma, el Ejecutivo departamental debe enviar las nuevas respuestas, con documentos de respaldo, en 10 días.