Neiza Chacón afirmó que esta situación se replica en todo el país.
Milen Saavedra
Fuente: Red Uno
Neiza Chacón, martillera judicial N° 4 de Santa Cruz, afirmó que, desde hace cinco años, se detectan irregularidades en los juzgados y se han tomado acciones contra la corrupción.
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«Somos conocedores, hace 5 años venimos con una lucha y en estos tres últimos años de manera más fuerte sobre el tema de las adjudicaciones judiciales en el distrito. No solamente es en Santa Cruz, es en todo Bolivia», señaló Chacón en El Mañanero.
Detalló que comenzaron a realizar acciones y cartas, reunir pruebas, que presentaron al Tribunal Departamental de Justicia, en anteriores gestiones. «Desde el 2022, llegamos con mayor frecuencia al Tribunal Supremo de Justicia y, lamentablemente, no hemos sido escuchados», afirmó.
Chacón explicó que los martilleros judiciales llevan a cabo audiencias de remate, en las que adjudican e informan al juez dentro del plazo que la ley otorga. Sin embargo, actualmente, los jueces se hicieron cargo de los remates, dejando de lado a los martilleros.
«De un tiempo de esta parte, ‘uniformaron criterios’, como nos dijeron cuando nos reunimos con jueces y vocales, y decidieron adjudicar ellos directamente. Consideran que nosotros no debemos de ganar por un acto tan pequeño. Despojar de su derecho a una persona no es un pequeño acto. Somos auxiliares del sistema judicial y ese trabajo es el que se nos encomienda», aseveró.
Asimismo, comentó que al ser elegidos, mediante una convocatoria y cumplimiento de requisitos, dejan una garantía de casi 50.000 bolivianos.
«Hay un arancel, cobramos desde 400 bolivianos, que es el mínimo, hasta 6.400 bolivianos, dependiendo del monto de la adjudicación. Ellos (los jueces) adjudican y aprueban sus propios actos, porque tienen la facultad de aprobar o rechazar el acto de remate, si no cumple con los requisitos, la adjudicación que hacemos», detalló.
En ese sentido, se convierten en «juez y parte», dijo, lo que también perjudica a la población que tiene sus bienes en remate, ya que las notificaciones se hacen en el mismo juzgado y los interesados «no se enteran».
«Hicimos conocer al Jefe Nacional de Transparencia, mediante una carta, sobre las adjudicaciones directas porque generalmente son con las entidades financieras, bancos grandes, y esto es a nivel nacional», complementó.