Casi 65 por ciento de los internos en el hogar “Nueva Esperanza y Nuevo Horizonte” están por ese delito.
Fuente: El Potosí
La mayoría de los procesos judiciales que se instauran a menores de edad en el Departamento de Potosí corresponden a los delitos de violación y abuso sexual, así lo establece un informe del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).
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Los menores de 18 años que son procesados por el sistema penal no pueden ser internados en un centro carcelario y deben permanecer en un centro especial de rehabilitación. En el caso de Potosí es el hogar “Nueva Esperanza y Nuevo Horizonte” que se encuentra en la localidad de Jesús Valle y es administrado por el Sedeges.
Los informes sobre la población del centro señalan que en la actualidad se cuenta con 51 menores, de los cuales 48 son varones y 3 mujeres y las edades varían de entre 14 a 18 años.
El 33 por ciento de los menores internados enfrentan procesos por la supuesta comisión de los delitos de violación o abuso sexual, varios de ellos afectando a sus hermanas más pequeñas.
El dato va en correspondencia a lo que ocurre con los procesos en general, los que mayormente son iniciados por denuncias de delitos de carácter sexual en los que lamentablemente muchos de los agresores son familiares de las víctimas.
OTROS
El reporte del Sedeges indica que aparte de los 33 menores internados por procesos relacionados con delitos sexuales, existen seis que se encuentran involucrados en la presunta participación en casos relacionados con asesinato.
Asimismo, se señala que 12 de los menores internos en el centro “Nueva Esperanza y Nuevo Horizonte” enfrentan procesos por la supuesta comisión de robo o robo agravado.
La preeminencia de los casos relacionados con delitos de violación y abuso sexual conlleva que los menores reciban adecuada atención en busca de que cumplan su condena, si es que la tuvieran, y que se reinserten a la sociedad junto a sus familias.
Las normas referidas a menores y adolescentes da al Sedeges una gran responsabilidad para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al prestar servicios de reintegración, orientación, apoyo socio-familiar y educativo; prestar servicios de atención jurídica y psicosocial; Ejecutar programas y servicios personalizados, integrados y especializados dirigidos a adolescentes en el Sistema Penal, para el cumplimiento de medidas socio-educativas, no privativas, restrictivas y privativas de libertad orientadas a la reintegración social y familiar.