El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor lamentó que el sector privado empresarial no presente ninguna propuesta.
POR DANIEL ZENTENO
Fuente: La Razón
En las reuniones entre el Gobierno y una parte de los gremiales sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza la confiscación y decomiso de productos y alimentos, se propuso que elaborar un decreto supremo en el que se aclare explícitamente que la norma no afectará a los comerciantes.
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“La propuesta de decreto supremo es una propuesta aclarativa, que aclara el objeto y el alcance de la disposición séptima. Estamos planteando los alimentos esenciales de la canasta familiar y la exclusión del sector gremial y comercio minorista”, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
Decreto
El Viceministro lamentó que la mayoría de instituciones invitadas al diálogo lo hayan rechazado, en referencia a los industriales, productores, empresarios, exportadores, entre muchos otros. Señaló que, como no asistieron, no pudieron recibir ninguna propuesta.
Silva ve en la inasistencia una prueba del interés político de los empresarios privados, escondido bajo un pretexto económico.
“Ya es más una propuesta política. Ellos no son tontos, saben lo que están pidiendo”, criticó la autoridad.
Así, reiteró que el pedido de los sectores, que ratificaron que en febrero se movilizarán en todo el territorio nacional, es un pedido inconstitucional, debido a que el presidente Luis Arce no pude derogar la disposición, pues esa competencia le corresponde a la Asamblea Legislativa.
Asimismo, Silva considera que el decreto que se prepara para el sector gremial prueba que el Gobierno nunca tuvo el objetivo de generar afectaciones o perjuicios.
“No tenemos ninguna dificultad de establecer en el proyecto de decreto supremo que el alcance de la disposición séptima excluye al sector gremial del comercio minorista”, afirmó.
Insistió en que la medida permitirá un mejor control contra actividades como la especulación, el agio y el contrabando que, en su criterio, son causantes del incremento de precios de los productos de primera necesidad.